El fiscal jefe de Madrid, Jose Javier Polo, ha ordenado iniciar unas diligencias, previas en su caso a la apertura de un proceso penal, para depurar las posibles responsabilidades civiles (no penales) por las retenciones que se produjeron los días 6 y 7 de enero de 2018 en la AP-6 autopista de peaje y que afectaron a más de 3.000 vehículos.
En un escrito dado a conocer por la Fiscalía, Polo recuerda que el corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que las personas que las personas que viajaban a bordo de los vehículos estuvieran “muchas” horas atrapadas en la nieve.
Con la incoación de las diligencias preprocesales se trata de averiguar si los hechos pudieran ser constitutivos de una infracción de los derechos de los consumidores y, en su caso, “ejercitar las acciones judiciales oportunas”.
Además, la orden de incoar las diligencias preprocesales se hace “en defensa de los intereses de los Consumidores y Usuarios (…) para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución Española”.
El Tribunal Supremo (STS 473/2010) confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos donde se condenó a la concesionaria de la autopista AP-1 por falta de previsión, suficiente vigilancia y falta de coordinación y tuvo que indemnizar con 150 euros a todos los afectados