El PP se ha quedado solo en su pretensión de que los antiguos responsables de la Junta de Andalucía que se sientan en el banquillo por el presunto fraude de los ERE, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, sean juzgados también por integrar una asociación ilícita.

Los fiscales delegados anticorrupción han rechazado este lunes que esa acusación, incluida por el abogado del PP Luis García Navarro, pueda ser objeto de enjuiciamiento. El PP pide para los acusados, que se enfrentan a cargos de prevaricación y/o malversación, dos años más de prisión por constituir un grupo criminal.

Los representantes del Ministerio Público comparten el criterio de las defensas de que se trata de una acusación "sorpresiva" que no se planteó durante la instrucción ni de la que los acusados han podido defenderse, dado que no fueron interrogados sobre ella.

En el caso de que la Audiencia de Sevilla acepte el escrito de acusación del PP con el presunto delito de asociación ilícita incluido, siete de los 22 acusados, entre ellos Chaves, verían complicarse su situación ya que sería el único delito por el que se enfrentarían a penas de cárcel. Los siete están acusados por la Fiscalía y por Manos Limpias de prevaricación, delito por el que se pide para ellos inhabilitación.

La declaración de Susana Díaz

La exclusión de la acusación por asociación ilícita no ha sido el único punto en el que la Fiscalía ha contrariado al PP: también se ha opuesto a la pretensión de que declare como testigo la actual presidenta del Gobierno andaluz.

Para los fiscales, la presencia de Susana Díaz en el juicio oral "no procede" ni por haber sido responsable del gabinete jurídico de la Junta durante su etapa como consejera de la Presidencia (de junio de 2012 a septiembre de 2013, es decir, fuera del período 2000-2011 durante el que se concedieron, presuntamente de forma ilícita, las ayudas sociolaborales que son objeto de la vista) ni porque en esa fase se dictara el decreto que convalidó las ayudas, ya que éste procedió de la Consejería de Empleo siguiendo recomendaciones aprobadas en el Parlamento.

La Fiscalía, por el contrario, se ha opuesto a la cuestión previa planteada por José María Mohedano, abogado defensor de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, para que se declare la nulidad de las actuaciones realizadas  por el juez de refuerzo Álvaro Martín, que terminó la instrucción y la llevó a juicio.

La vista se ha interrumpido hasta el 12 de febrero, tras la resolución de las cuestiones previas.