El alcalde de Majadahonda (Madrid), Narciso de Foxá, ha sido imputado en dos causas de juzgados de la localidad, tras la petición de la Fiscalía, por permitir que el hospital Puerta de Hierro del municipio funcionase sin licencia desde 2008.

Fuentes del TSJM han confirmado que el Juzgado número 4 de Majadahonda ha iniciado una causa por delitos urbanísticos por no haber sancionado al centro sanitario por abrir sin licencia, y el Juzgado número 3 le acusa de delitos medioambientales ya que el hospital no tenía licencia de vertidos residuales.

Estas mismas fuentes explican que hace un año llegaron sendas denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y se repartieron los casos ante los grueso que era la investigación. Así, se reclamó documentación a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Medio Ambiente, informes que llegaron al juzgado antes de fin de año.

En ambos casos el regidor de la localidad está en la figura de imputado y el caso llevado a cabo por el juzgado número 4 aún se encuentra en fase de diligencias previas.

Ambas denuncias fueron efectuadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y le piden la aplicación del artículo 320 del Código Penal por un delito contra la Ordenación del Territorio y por otro contra el Medio Ambiente lo que conllevaría unas penas de hasta cuatro años de cárcel.

La Fiscalía considera que el regidor tenía la responsabilidad de haber multado a la empresa concesionaria del centro por las irregularidades ya que el Puerta de Hierro no tuvo licencias desde 2008 hasta 2015.

Sobre este asunto, la Fiscalía considera que durante varias legislaturas "no adoptaron ninguna medida de protección o restauración de la legalidad urbanística infringida ni ninguna medida sancionadora, tal como exigían los artículos 193 y 201 de la Ley del Suelo".

En esta causa el juez también considera como investigados a los concejales Javier Caballero López, Carmen Menéndez Rodríguez, Pablo García González, Juan Carlos Pérez González y África Sánchez Marín.

Los delitos medio ambientales de los que se le acusan son que el centro estuvo funcionando sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamientos y nunca realizó muestras de aguas residuales.

La Comunidad de Madrid ya reclamó 20 millones de euros a la empresa concesionaria por la existencia de 135 camas que no se encuentran en el centro.