Carles Puigdmont, Oriol Junqueras y los responsables del procès se encuentran acorralados por la Justicia y cada vez con menos margen de movimiento de cara a unas nuevas elecciones en Cataluña.

Aunque todavía no haya sido detenido, Carles Puigdemont podría ser procesado y, por tanto, quedar inhabilitado para ejercer cargo público de nuevo. Una situación que también se presenta como el futuro más próximo para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y cualquier miembro del gobierno catalán investigado en el marco del procès.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Llarena, ya atisbó esta línea en el auto del pasado 12 de enero que sirvió para denegar la excarcelación de Oriol Junqueras y atender así a sus funciones de representación en el Parlament de Cataluña. 

En éste, aludía al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que establece que: "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión -sujeta a la temporalidad- para supuestos graves y tasados".

Si el magistrado Pablo Llarena dicta un auto de procesamiento contra Oriol Junqueras y el resto de investigados antes de que se convoquen unas nuevas elecciones en Cataluña (previstas para antes de abril), todos ellos quedarían automáticamente inhabilitados atendiendo a esta ley.

En el caso de Puigdemont, aunque todavía no ha sido detenido ni ha prestado declaración ante la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional que comenzó a investigar el procès ni ante Pablo Llarena que ha asumido la investigación, también podría ser procesado. La jueza Lamela ordenó su prisión a la vez que emitió las ordenes de detención contra él, por lo que también podría ser procesado, según fuentes jurídicas.

Así, las posibilidades de que el expresidente catalán se presente a unas nuevas elecciones o pueda ejercer de nuevo cargo público quedan aún más lejos de lo que ya quedaban este lunes, cuando el Parlament aplazó su investidura. Un día antes, el Tribunal Constitucional rechazó que lo hiciera de manera telemática.