El juez del Supremo planea reactivar la euroorden contra Puigdemont en dos meses

Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que investiga los hechos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre, peleará por no cerrar la causa sin que el cabecilla de la presunta rebelión, el expresident Carles Puigdemont, esté en el banquillo junto a sus subordinados.

De acuerdo con los plazos que baraja el alto tribunal, la conclusión del sumario se producirá en mayo o junio próximos, de modo que el juicio se pueda celebrar en otoño. Pero antes, aproximadamente en marzo, el instructor de la Sala Penal tiene previsto dictar el auto de procesamiento, una trascendental resolución en la que formalizará las imputaciones contra todos los investigados en los que haya encontrado indicios racionales de criminalidad.

Entre ellos estará Puigdemont, prófugo en Bélgica desde el 29 de octubre. Con el procesamiento en la mano, Llarena pretende reactivar la euroorden de la que tuvo que desistir el 5 de diciembre para no correr el riesgo de que las autoridades belgas cercenasen la posibilidad de juzgar al expresidente catalán por todos los delitos objeto de la causa. Ello hubiera provocado una desigualdad entre los investigados que se encuentran en Bruselas y los que, como Oriol Junqueras, optaron por ponerse a disposición del tribunal, que podrán ser juzgados por todos los delitos y estarían así "en 'peor derecho' que quienes se encuentran fugados”, explicó Llarena al retirar la orden europea de entrega.

Datos incriminatorios

La euroorden de la que desistió el Supremo había sido emitida por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el 3 de noviembre, al comienzo de la investigación que luego fue asumida por Llarena. Los elementos probatorios ya no se centran sólo en el documento EnfoCats -la hoja de ruta secesionista encontrada por la Guardia Civil en el domicilio del exnúmero dos Junqueras, Josep María Jové, central en el escrito de Lamela- sino que se han acumulado otros datos incriminatorios y se esperan más cuando sean recibidos los informes encomendados a la Guardia Civil.

En el Tribunal Supremo consideran que cuando llegue el auto de procesamiento ya no podrá hablarse de meras sospechas sino una base fáctica "sólida" de cómo se produjeron los hechos delictivos, quiénes los protagonizaron indiciariamente y qué pruebas existen para afirmarlo. "El cuadro ya no será de trazo grueso. Aparecerán los píxeles y con esa concreción de hechos y pruebas no creemos que Bélgica pueda negarse a entregarlo", afirman en el tribunal respecto al expresident fugado.

La decisión sobre la reactivación de la euroorden tendrá que ser tomada nada más dictarse el procesamiento con el fin de que el procedimiento que se llevaría a cabo en Bélgica (o en el país donde Puigdemont se encuentre) pueda ser resuelto sin poner en peligro los plazos de enjuiciamiento de la causa en España. La regulación de la euroorden establece un período de 60 días -ampliable de forma excepcional a 90- para su resolución, por lo que, si la orden de entrega se emite en marzo, la decisión sobre la entrega del expresident catalán se conocería, como tarde, en junio.