El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha afirmado este lunes ante el juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el expresidente madrileño Ignacio González controlaron dos "campañas paralelas de refuerzo" de Esperanza Aguirre para las elecciones municipales de 2007 y 2011.
Según Granados, esas dos campañas se financiaron a través de facturas publicitarias del Canal de Isabel II y otras empresas públicas gestionadas a través de la empresa Swat, ya investigada en el caso Púnica.
El exsecretario general del Partido Popular madrileño defiende que, a pesar de tener ese cargo, quien realmente controlaba el partido era Ignacio González, que a su vez lo hacía a través de Cristina Cifuentes, la secretaria territorial del PP. Cifuentes habría contado para ello con la colaboración de otros responsables del partido como el exnúmero tres, Jaime González Taboada, el también exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola o la jefa de comunicación de las campañas de Aguirre, Isabel Gallego.
Siguiendo este hilo argumental con pocas posibilidades de comprobación, Granados dice que González controló la campaña de 2007 y él mismo la de 2011, puesto que el expresidente madrileño "había perdido el pulso contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y no tenía ganas de estar ahí", según fuentes jurídicas.
Granados ha defendido que él se ocupó de la parte 'A', que provenía de la financiación pública y del PP nacional, de donde se pagaban todos los actos del partido en municipios y González, Cifuentes y el equipo mencionado se ocupaban de la "campaña paralela".
Precisamente en relación con estos hechos, Granados ha lanzado la insinuación de que Cristina Cifuentes e Ignacio González tenían una relación sentimental. Según Granados, Cifuentes salió de ese núcleo de organización de las campañas cuando "acabó su relación sentimental" con González, ha arrojado en sede judicial.
Granados implica a Aguirre, González y Cifuentes en la financiación ilegal del partido
El exsecretario general del PP ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado con un medido discurso acusatorio contra otras personas sin peligro de quedar salpicado.
Como prueba del liderazgo de Cifuentes y González en ese partido madrileño que se habría financiado de manera irregular, Granados ha hecho referencia a una reunión posterior a ser relegado en su cargo, en la que se nombró a González como secretario general. En dicha reunión, habría dicho a González: "Eres el nuevo secretario general, pero lo llevas siendo desde hace ocho años".
Granados ha hablado en todo momento de una "estructura paralela" de la que sospechaba. En ningún momento ha hecho alusión a una "caja B". Su declaración se ha basado en sus "sospechas", que eran las mismas, según ha defendido, que las del también imputado extesorero del partido, Beltrán Gutiérrez, al que ha liberado de cualquier responsabilidad a pesar de que en el pasado ha pedido al juez que acudiera a declarar como investigado.
Control de Arpegio
El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha acusado directamente a los expresidentes de la Comunidad de Madrid de estar detrás de las presuntas irregularidades de las empresa pública del suelo, Arpegio, y en Prisma, el plan de inversión en municipios madrileños.
Según Granados, los dos expresidentes estaban detrás de todas las decisiones tomada desde estas entidades públicas investigada en Púnica. Según el exdirigente madrileño, delegó todas las responsabilidades en la empresa pública Arpegio en el exconsejero delegado Eduardo Larraz, investigado en la misma causa, por orden de Esperanza Aguirre.
Acusaciones contra Marjaliza
Como era de esperar, el exconsejero madrileño también ha aprovechado la declaración para cargar contra su exsocio, David Marjaliza, que tanta información acusatoria ha volcado contra él desde que comenzó su colaboración con la Fiscalía en junio de 2015.
Granados salió de la prisión de Estremera (Madrid) el junio pasado tras dos años y medio en prisión preventiva. Presentó dos fincas de sus familiares políticos que duplicaban el valor de la fianza impuesta (400.000 euros) como garantía hipotecaria para quedar en libertad.
El juez Eloy Velasco comenzó la investigación contra Granados que le llevó a ser detenido. Le imputó delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.
El seguimiento de unas cuentas en Suiza que podían ser de su titularidad llevó al juez Velasco a considerar que utilizó sus influencias en el ámbito público para beneficiar a empresarios que le habrían recompensado con inversiones inmobiliarias y con pagos.
Según avanza la investigación, ya en manos del nuevo instructor Manuel García-Castellón, Granados está dispuesto, como se está viendo en la declaración de este lunes, a dar información que implica a otros responsables del Partido Popular madrileño.
Él mismo ha apuntado a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. También indicó al juez Castellón que parte de los años en los que se investigan las adjudicaciones de la Consejería de Transportes, él no era el titular, sino María Dolores Cospedal, pidiendo al juez que llamara a declarar a la ministra de Defensa como investigada.