La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de la excupula de Afinsa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha hecho público el decreto de ejecutoria de la sentencia que condenaba a los directivos de Afinsa por estafa masiva, lo que implica que en un plazo de diez días deben ingresar en prisión.

El auto al que ha tenido acceso Efe, y que lleva fecha de ayer, indica que los diez días empiezan a correr a partir de la notificación, por lo que el ingreso es inminente.

La antigua cúpula de Afinsa fue condenada en julio de 2016 a penas de hasta 12 años de prisión por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, aunque posteriormente el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de los condenados y redujo en parte las penas.

La condena para el expresidente Juan Antonio Cano pasó de 12 a 8 años y siete meses de cárcel, casi cuatro años menos; además de Cano, fueron encontrados culpables Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, su hijo Carlos y Vicente Martín, todos ellos condenados por estafa, insolvencia punible y falsedad contable a penas superiores a 8 años de cárcel y multa de más de 100.000 euros.

Emilio Ballester resultó condenado a 8 años y 4 meses como cooperador necesario, y Francisco Guijarro Lázaro a dos años de prisión y multa de 17,7 millones de euros por blanqueo de capitales; resultaron absueltos como partícipes a título lucrativo Ramón Egurbide y los hijos de Guijarro, Rubén y Natalia.

La condena, en julio de 2016, a los exdirectivos de Afinsa puso fin a un proceso que se prolongó durante una década, desde la intervención en mayo de 2006 de esta sociedad de inversión en bienes filatélicos, junto con Fórum Filatélico.

El juicio a esta segunda organización se inició el pasado mes de septiembre y está previsto que se prolongue al menos hasta la primavera de 2018.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los directivos de Afinsa, los clientes seguían los consejos de los agentes comerciales de la compañía "hasta atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores".

A cambio la sociedad se comprometía a recomprar los sellos, entregándoles el dinero invertido más una rentabilidad superior a la del mercado financiero, beneficio que provendría de la constante revalorización de la filatelia.

Según la sala, este negocio "era inviable" ya que "la inversión (de Afinsa) era mínima y generaba gastos que aumentaban el déficit patrimonial", como acreditó el agujero de casi 2.600 millones detectado hace más de diez años y que provocó la intervención.