El exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre y exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados atribuyó a la actual responsable del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, el poder real en la Asamblea de Madrid cuando ostentaba los cargos de vicepresidenta y portavoz adjunta del grupo parlamentario popular. "Era la que mandaba de facto porque la presidenta no pintaba nada", dijo el pasado lunes al juez que instruye el caso Púnica, Manuel García-Castellón.
La mención era envenenada. Dos informes de la Guardia Civil enviados a la Audiencia Nacional en marzo de 2017 atribuyen a Cifuentes supuestos delitos de prevaricación y cohecho por su intervención en la adjudicación de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, en 2009 y 2011.
La Guardia Civil destacaba la existencia, a su parecer, de una "pluralidad de arbitrariedades" a partir del hecho de que Cifuentes integró el comité de expertos que se pronunció sobre el concurso y también presidió la mesa de contratación que resolvió a favor de Arturo Fernández, lo que es irregular.
Cifuentes era en aquel momento miembro del patronato de Fundescam, una fundación del PP de Madrid dedicada a actividades sociales de la que se sospecha que habría sido utilizada para financiar al partido. En 2007 Arturo Fernández dio 160.000 euros a Fundescam y sólo después resultó adjudicataria del contrato de restauración de la Asamblea de Madrid, al que también había aspirado en 2006, sin éxito.
Cristina Cifuentes era, además, miembro del comité de campaña del PP y, según Granados, dirigió la campaña electoral autonómica de 2007 con Ignacio González. "Ella se jactaba de mandar mucho en el PP por delegación de González", dijo el supuesto cabecilla de la trama Púnica. Desde 2004 Cifuentes era secretaria de política territorial, un puesto "importante" porque se ocupa del despliegue territorial del partido e interviene en la designación de candidatos.
"El partido se dirigía desde la Puerta del Sol [sede del Gobierno regional] por Aguirre y González y se vestía con un comité de dirección de vez en cuando y unos 'maitines' una tarde a la semana", dijo.
Fondos de "refuerzo" para Aguirre
La actual presidenta madrileña también fue mencionada junto a González, Ana Isabel Mariño e Isabel Gallego como las personas que se encargaban de las "campañas de refuerzo" de Esperanza Aguirre, supuestamente llevadas a cabo en 2007 y 2011 y a través de las cuales se destinaron fondos adicionales "al margen" de la financiación del resto de la campaña y específicamente destinados a reforzar a la candidata.
De acuerdo con el mecanismo descrito por Granados, empresas como Swat y Licuas (esta última, vinculada a Joaquín Molpeceres, que aparece en los papeles de Bárcenas con aportaciones a la supuesta contabilidad B del PP nacional) recibían adjudicaciones de empresas públicas a cambio de pagar gastos de las "campañas de refuerzo" de Aguirre. El exsecretario general del PP citó en este entramado al Consorcio Regional de Turismo, Promomadrid, Aval Madrid y el Canal de Isabel II.
Francisco Granados, que dirigió la campaña autonómica de 2011, se desvinculó de esa financiación "paralela" y aseguró que los fondos de la campaña de la que él se encargó provenían del grupo parlamentario del PP, del partido nacional y de aportaciones voluntarias de cargos y afiliados. "Los gastos de esa campaña fueron los únicos que pasaron por el Tribunal de Cuentas", manifestó.
En esa campaña una de las empresas contratadas para prestar servicios electorales fue El Laboratorio de Almagro, que, según la UCO de la Guardia Civil, habría cobrado con fondos en B. Granados manifestó que "no intervino" en esta contratación, en la que se empeñó Aguirre ("que despachaba con el gerente, Beltrán Gutiérrez, todos los días"). El trato con la empresa lo llevaban, según dijo, Borja Sarasola, Isabel Gallego y Lucía Figar.
A la exconsejera de Educación la mencionó de nuevo en relación con Alejandro de Pedro. Relató que este empresario, dedicado a trabajos de reputación online y que ya figura como investigado en el caso Púnica, le pidió una cita siendo él consejero de Presidencia. "Me aseguró que trabajaba para la Casa Real y el CNI", dijo Granados, que lo remitió a Isabel Gallego "porque yo de redes sociales y de Internet no entendía nada".
Granados afirmó que fue Gallego la que decidió contratar a De Pedro y añadió que éste se relacionaba sobre todo con Figar, que era secretaria de comunicación del PP, y con Isabel Díaz Ayuso, con la que tuvo un trato diario porque llevaba las redes sociales del partido y la cuenta de Twitter de Esperanza Aguirre.