Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama Púnica y exconsejero de Transportes del Gobierno de Esperanza Aguirre, hizo referencia el pasado lunes en su declaración ante el juez Manuel García-Castellón a nombres y cargos supuestamente relacionados con la financiación irregular del Partido Popular de Madrid, de la que él se desvinculó. Atribuyó a la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes y al expresidente Ignacio González la labor de coordinar dos "campañas paralelas de refuerzo" para Esperanza Aguirre en 2007 y 2011 en las que se habrían empleado con fondos "al margen" y "en paralelo" a la campaña del resto del partido.
Dentro del complejo mapa de influencias que expuso durante algo más de tres horas, también sostuvo que Esperanza Aguirre e Ignacio González estaban al tanto del funcionamiento de Mintra y Arpegio, investigadas en el caso Púnica por existir indicios de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones.
Ésta es, de la A a la Z, la lista de personas a las que Francisco Granados aludió durante su extensa declaración:
Esperanza Aguirre
La expresidenta de Madrid fue, junto con Ignacio González y Cristina Cifuentes, la más mencionada durante la declaración de Granados en la Audiencia Nacional. Según el exsecretario general del PP madrileño, "fue Mariano Rajoy, no Aguirre, el que descubrió la trama Gürtel", a diferencia de lo que ella misma ha defendido en diversas ocasiones. Granados dijo que "Rajoy llamó a Aguirre porque un empresario se quejó de que había dos parcelas", una en Majadahonda y otra en Arganda, cuya adjudicación estaba decidida de antemano por los Ayuntamientos. El exconsejero de Transportes relató cómo Aguirre transmitió el contenido de esa conversación con Rajoy tanto a él como a Ignacio González. También afirmó que estuvo al tanto de concretos proyectos financiados por Arpegio, como la remodelación del Cerro de los Ángeles o Biogolf.
Rocío Aguirre
Hermana de Esperanza Aguirre. Directora de la Feria Internacional Madrid Golf 2010 donde se presentó el proyecto Biogolf. La finalidad era la introducción de flora y fauna en los campos de golf, deporte al que Esperanza Aguirre es muy aficionada. Fue criticado por Ecologistas en Acción, que lo consideró un "engaño propagandístico que pretende confundir a los madrileños sobre las bondades ambientales de los campos de golf".
Manuel Beltrán:
Exviceconsejero de Medio Ambiente y de Economía con Aguirre y González se incorporó al consejo de Arpegio. En 2014, cuando fue cesado de su cargo en la consejería de Economía, asumió la dirección de la Secretaría General Técnica del Canal de Isabel II. Granados le sitúa como una persona de total confianza de Ignacio González.
Lourdes Cavero:
Esposa de Ignacio González, investigada como él en el caso Lezo que también instruye el juez Manuel García-Castellón. Granados contó durante su declaración que tanto ella como la jefa de comunicación de la campaña electoral de Aguirre, Isabel Gallego, "empezaron a recibir sms inquietantes que atribuían a Cristina Cifuentes cuando ésta e Ignacio González regañan y su relación pasa a ser de atracción fatal".
Cristina Cifuentes:
El exsecretario general del PP madrileño sostiene que tanto la actual presidenta de la Comunidad de Madrid como Ignacio González controlaron las "campañas paralelas de refuerzo de Aguirre" en las elecciones de 2007 y 2011. Previamente, en 2005, Granados también recuerda el cargo que ostentó Cifuentes tras el Congreso regional del PP, en el que fue nombrada secretaria de Política Territorial, puesto desde el que tenía contacto con todos los alcaldes madrileños. Según el exsecretario general del PP, en esa época "ella se jactaba de mandar mucho en el PP por delegación de Ignacio González". También indicó al juez que la actual presidenta puso como responsables de distritos y municipios a dos personas de su total confianza, Ángel Garrido y Jaime González Taboada.
José De la Uz:
El alcalde de Las Rozas (Madrid) fue secretario general técnico de Vicepresidencia. Está investigado en la pieza en la que se investiga la financiación ilegal del PP madrileño. Francisco Granados apuntó que él fue quien firmó una concesión de más de 120.000 euros a la fundación Fundescam. Los investigadores ya seguían esa pista porque consideran que sirvió para financiar al partido irregularmente. Granados también situó a De la Uz en el equipo que habría coordinado la "campaña paralela de Aguirre".
Alejandro De Pedro:
El empresario informático investigado en la trama Púnica por sus trabajos de mejora de imagen a miembros del PP que podrían haber sido financiados con fondos públicos, también salió a la luz durante la declaración de Granados. Según el exconsejero, el empresario le solicitó una cita presentándose como alguien que había trabajado para el CNI y la Casa Real. Granados le puso en contacto, según su versión, con la jefa de Gabinete Isabel Gallego porque "él no tenía ni idea de redes sociales".
Isabel Díaz Ayuso:
Es la actual Viceconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. Periodista de formación, según Granados fue quien gestionó las redes sociales del PP madrileño y el Twitter de Esperanza Aguirre, por eso era quien "se relacionaba día a día con Alejandro De Pedro", según su declaración en sede judicial.
Carmen Díaz de Bustamante Zulueta:
Secretaria General Técnica de la Consejería de Transportes y vocal del consejo de administración de la empresa pública Mintra, investigada en Púnica. Según Granados, la amiga de Aguirre era una de las personas del equipo de la consejería de Transportes que él encontró ya montado cuando llegó al cargo, igual que el gerente del consorcio de Transportes, José Manuel Pradillo. Según el exconsejero de Transportes, él solo pudo nombrar a dos personas de su confianza: a su secretaria y a Ignacio Palacios, que también fue detenido en el marco de la Operación Púnica.
Isabel Gallego:
La jefa de comunicación de campaña de Aguirre también fue muy mencionada por Granados. Según éste, fue ella la que decidió contratar al empresario investigado Alejandro de Pedro y también formaba parte del núcleo que organizó las "campañas paralelas" de Aguirre financiadas al margen del PP.
Aurelio García de Sola y Arriaga:
Familiar del marido de Esperanza Aguirre, era el vicepresidente de Promomadrid, una de las empresas públicas desde las que se habrían financiado las dos campañas irregulares de Aguirre a través de las empresas Swat y Licuas, que funcionaron como vehículos.
Ángel Garrido:
Actual consejero de Presidencia y presidente del Canal de Isabel II. Es un hombre de total confianza de Cristina Cifuentes, al que, según Granados, colocó en el año 2005 como responsable de los municipios del Partido Popular.
Jaime González Taboada:
Fue consejero de Medio Ambiente hasta 2017, ahora es senador por el PP y vocal de la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid. Granados le sitúa como hombre de confianza de González, al que situó en la mesa de contratación de Arpegio.
Beltrán Gutiérrez:
Exgerente del Partido Popular investigado en los casos Lezo y Púnica. Granados asegura que Esperanza Aguirre "despachaba con él todos los días".
Eduardo Larraz:
Consejero delegado de Arpegio, la empresa pública de gestión del suelo de la comunidad madrileña. Según Granados, cuando Aguirre le manda a la Consejería de Presidencia y le asigna Arpegio, "me obliga a delegar todas las funciones de presidente en Eduardo Larraz, amigo de ella y de Ignacio González". Despachaba "directamente" con el vicepresidente regional, según el exconsejero. El exalto cargo investigado en Púnica atesoraba 146 lingotes de oro en Suiza, según la investigación.
José Luis Peñas:
El exconcejal de Majadahonda que destapó la trama Gürtel de Madrid que ya ha llegado a juicio. Como relató Granados, él "estaba en el ajo" del reparto de comisiones de Majadahonda del que se alertó a Rajoy, por el que Aguirre y él se reunieron y que acabó con la dimisión del alcalde del municipio, Guillermo Ortega.
Juan Miguel 'Juancho' Madoz Echevarría:
Administrador de la empresa Swat SL investigado en la pieza de la presunta financiación irregular del PP madrileño. Según Granados, su empresa publicitaria funcionó como "vehículo para pagar los gastos ajenos al PP y específicos de Aguirre".
David Marjaliza:
Presunto conseguidor de la trama Púnica, exsocio de Granados y ahora su principal enemigo. Granados dijo en la Audiencia Nacional que "se jacta en Valdemoro de que tiene un pacto con la Fiscalía y que no va a ir a la cárcel". También contó que éste le habría pedido en la celda que compartieron en prisión preventiva que sacara 150.000 euros de los que Granados tenía "en un altillo" y se los prestara porque tenía que pagar a su abogado y no tenía dinero en efectivo salvo lo que "tenía prestado en temas de narcotráfico".
Isabel Mariño Ortega:
Exconsejera de Empleo, Turismo y Cultura con González y de Ordenación y Territorio con Aguirre. Es una de las personas que participan directamente en la ejecución de la "campaña de refuerzo" de Aguirre, según Granados. Esa campaña de presunta financiación irregular se encarga al margen del PP porque Aguirre decía "no hay suficientes carteles míos, hay que hacer más publicidad, hay que ir a más tertulias", según contó el exconsejero al juez.
Daniel Mercado:
Es uno de los empresarios que ha confirmado que hubo financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Según Granados, fue Ignacio González quien le introdujo en el círculo de adjudicaciones.
Joaquín Molpeceres:
Propietario de LICUAS, la otra empresa privada a la que se habría recurrido como "vehículo" para pagar los gastos ajenos al PP. Granados defiende que Molpeceres era afín a Ignacio González y a Cristina Cifuentes porque tenía relación con los socios del marido de Cifuentes.
Ignacio Palacios:
Única persona a la que Francisco Granados pudo colocar en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, según relató él mismo. También trabajó para él en el Ayuntamiento de Valdemoro. En 2015 fue detenido por delitos de cohecho y blanqueo en el marco de la Operación Púnica.
Carmen Plata:
También "amiga de Esperanza", según Granados, fue colocada como directora gerente de la Fundación Arpegio. Está investigada en Púnica porque ella fue quien firmó uno de los contratos con Waiter Music, una de las empresas investigadas por pagar comisiones, presuntamente.
José Manuel Pradillo Pombo:
Fue gerente del consorcio de Transportes hasta 2013. Hombre de total confianza de Esperanza Aguirre. Cuando se jubiló a los 70 años afirmó en una entrevista concedida al diario La Razón que había postergado la decisión hasta entonces porque Esperanza Aguirre "no me dejaba que me fuera".
Miguel Ángel Ruiz:
Consejero delegado de Arpegio desde 2008 a 2010 e imputado en Púnica fue una de las dos personas a las que Ignacio González colocó en la fundación, junto a Jaime González Taboada, según Granados. Ruiz fue el director general de PRISMA, el programa de urbanismo desde el que se repartieron 800 millones de euros en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Dejó la política municipal para trabajar con Taboada en la Consejería de Medio Ambiente y ahora ocupa un cargo en la Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Borja Sarasola:
Según Francisco Granados, el exconsejero de Medio Ambiente de González fue la persona que pasó a ocupar la secretaría territorial del PP madrileño una vez se produjo la ruptura sentimental entre Cristina Cifuentes e Ignacio González.
Jesús Trabada:
Exconsejero delegado de la entidad pública de transportes Mintra. Es uno de los cargos nombrados por Aguirre con el que, según Granados, se encontró cuando se hizo cargo de la consejería.
Santos Vázquez:
Concejal de Urbanismo de Getafe. Según Granados, estaba inmerso en una corruptela urbanística del consorcio Los Molinos-Buenavista de Getafe conocida por Ignacio González. Según defendió el exsecretario general del PP madrileño ante el juez, él intentó parar dicha obra porque "se perjudicaría a muchos cooperativistas" y Santos Vázquez le indicó que "no se metiera porque tenía el reparto de parcelas apañado con Ignacio González".
Mariano Zabía:
Primer consejero de Medio Ambiente de Aguirre y más tarde presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. En 2015 se le imputó por prevaricación en la construcción de una carretera comarcal, la variante de Pelayos de la Presa. Según Granados habría recomendado a Larraz para el puesto de Arpegio. Después lo llevó con él al Consejo Consultivo.