Los responsables de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural respiraron más tranquilos este viernes tras conocer que el mayor de los Mossos d'esquadra cesado, Josep Lluis Trapero, no tenía que depositar ninguna fianza para quedar en libertad tras su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Se ahorraron los 50.000 euros que pedía la Fiscalía y que, a estas alturas, habrían hecho temblar los fondos de la cuenta destinada a "las represalias económicas que reciben personas físicas como consecuencia de actuaciones enmarcadas en el proceso hacia la independencia por participar en acciones unitarias, cívicas, pacíficas y democráticas". Así explican los responsables de ANC y Òmnium a sus socios a qué se destinan sus fondos.
Solo en 2017 recaudaron 5,8 millones de euros de donativos de 20 o 40 euros que "llegaron en alud cada vez que había alguna noticia relacionada con las consecuencias judiciales" del proceso soberanista, según explicó en diciembre Marcel Padrós, tesorero de ANC.
Es llamativo que, de los 3,8 millones de euros que se han destinado a estos fines, tan sólo 910.000 han ido a parar a las fianzas de los exconsellers y los miembros de la mesa del Parlament que participaron en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. El resto, 2,8 millones de euros, se han destinado a pagar las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas al expresidente Artur Mas, a su exconseller de presidencia Francesc Homs y al resto de consejeros que participaron en la anterior intentona separatista, el 9N de 2014.
El desglose de las fianzas
La primera de las fianzas impuesta a un exconseller fue la de 50.000 euros de Santi Vila, el único miembro del gobierno de Puigdemont que quedó en libertad bajo fianza tras declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Fue el único también que dio un paso atrás y aceptó que tras la aplicación del 155 el proceso soberanista quedaba sin efecto. En este caso, ANC no reclamó haber pagado la fianza.
Sin embargo, sí explicaron que los fondos depositados en la entidad catalana Caixa d'enginyers por sus donantes habían servido para pagar la fianza de la presidenta de la mesa del Parlament, Carme Forcadell (150.000 euros) y la de los miembros de la mesa Luis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, de 25.000 euros cada uno, un total de 100.000 euros que depositaron el día 16 de noviembre.
Poco después, el 4 de diciembre, los seis exconsejeros en prisión preventiva Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás y Carles Mundó también pudieron salir de la cárcel tras declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y depositar una fianza de 100.000 euros cada uno. 600.000 euros totales que también pagó ANC.
En unos días cumple el plazo máximo para que Marta Rovira, secretaria general de ERC, deposite la fianza de 60.000 euros que también le impuso el juez Pablo Llarena. Si no ingresa el dinero, tendría que ingresar en prisión. La caja de solidaridad de ANC ya tiene un apartado para evitarlo.
Artur Mas y Francesc Homs apoyando a los exconsellers que decararon en la Audiencia Nacional.
Las multas de Artur Mas
El resto del dinero de los donantes de ANC y Òmnium Cultural se han destinado a pagar parte de la multa de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso en septiembre al expresidente Artur Mas y a su equipo por la organización de la consulta soberanista del 9N.
El propio presidente de ANC ahora en prisión, Jordi Sánchez, pedía en su cuenta de Twitter a los simpatizantes de la organización soberanista que ingresaran dinero para evitar que se embargaran sus propiedades.
Él y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron los primeros en ingresar en prisión por los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación. Aunque han recurrido en distintas instancias la libertad, se les ha negado.