La fórmula Jordi Sánchez en vía muerta: Llarena y el TC impedirán su investidura

El expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, no podrá ser investido presidente del Gobierno catalán en el caso de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, lo llegue a proponer como candidato. Es una consecuencia directa de la situación procesal de Sánchez, encausado por delitos de rebelión o sedición y en prisión por riesgo de reiteración delictiva, según ha apreciado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y conocen los independentistas.

"Proponer a candidatos que saben que no pueden ser admitidos forma parte de la estrategia que han adoptado de confrontación con el Estado", interpretan en el Tribunal Constitucional, que el pasado 27 de enero bloqueó cautelarmente la investidura de Carles Puigdemont, prófugo en Bélgica, al condicionarla a que fuera presencial y su asistencia al Parlament fuera autorizada por el juez, dado que el expresidente catalán está en busca y captura en el territorio nacional.

El pleno del TC tiene previsto admitir a trámite el próximo martes el recurso del Ejecutivo de Rajoy contra la designación de Puigdemont como candidato a presidir el Govern. Con ello se disiparán sus opciones (legales) de volver al Palau de San Jaume. Y es previsible que los magistrados del Constitucional mantengan los mismos criterios aplicados en el caso de Puigdemont si los siguientes candidatos están también encausados y requieren autorización del juez del Supremo para poder asistir al Parlament.

"No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario y no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión", estableció el TC el pasado enero.

Jordi Sánchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre, tampoco podrá ser investido a distancia y necesitaría permisos de excarcelación no sólo para poder asistir a la sesión de investidura sino también a la toma de posesión como presidente del Gobierno catalán. No es en absoluto previsible que el juez Pablo Llarena autorice su salida de la cárcel porque ya la denegó para actos menos comprometidos, como la toma de posesión del escaño.

En aquella ocasión, Llarena remarcó que "el comportamiento delictivo que se investiga se ha caracterizado no sólo por desatender cuantas órdenes judiciales se les han dirigido sino por llamar a la ciudadanía a replicar masivamente su desobediencia" y "se ha impulsado a que importantes sectores de población resistieran o se enfrentaran a una nutrida actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", movilizándose también contra las propias medidas cautelares de prisión adoptadas.

En esas condiciones, "afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y hacerlo con la garantía de que se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional, es algo que este instructor no percibe con la garantía que reclama el mantenimiento de la pacífica convivencia que precisamente justificó la adopción de la medida cautelar", argumentó el instructor del Supremo.

Precedente "inaplicable"

Las dudas de los jueces ante una eventual propuesta de investidura de Jordi Sánchez son aún más intensas. "Una vez investido presidente del Gobierno de la Generalitat, ¿quién lo vuelve a llevar al furgón? ¿entran los guardias civiles a por él?", se preguntan las fuentes judiciales consultadas, que consideran que el precedente de Juan Carlos Yoldi "es inaplicable porque es muy diferente". Yoldi, preso preventivo por pertenencia a ETA cuando fue propuesto candidato a lendakari por Herri Batasuna, fue autorizado a acudir desde la cárcel al Parlamento vasco con el fin de participar en la sesión de investidura. "Pero es que él nunca tuvo opciones de ser elegido", subrayan.

"Es inviable ser presidente del Govern y estar en prisión", consideran las mismas fuentes. Jordi Turull, en cambio, no está encarcelado. Pero, al igual que el resto de los encausados, será incluido en el auto de procesamiento que prepara Llarena y que, según el calendario judicial, va a estar listo para finales de marzo. Cuando el procesamiento sea firme, todos ellos quedarán automáticamente suspendidos para ejercer cualquier cargo público por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.