Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han anunciado este lunes que convocarán a las carreras judicial y fiscal a una huelga el próximo 22 de mayo si el Ministerio de Justicia no atiende sus reivindicaciones profesionales, entre ellas el incremento de las plantillas y una mejora de las retribuciones, congeladas desde 2010.

En un comunicado conjunto en el que explican por qué van camino de la tercera huelga por parte de estos colectivos (las otras dos se produjeron en 2009 y 2013, sin logros aparentes), las asociaciones recuerdan que en junio de de 2017 apoyaron un documento, Catorce propuestas para la mejora de la Justicia, que ha sido ignorado por todos los interpelados: el Gobierno, el Parlamento y el Consejo General del Poder Judicial.

En ese documento las asociaciones judiciales planteaban la vuelta al sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ por parte de la carrera, la introducción de criterios objetivos basados en el mérito y capacidad para los nombramientos de cargos judiciales o un plan de inversión en los Juzgados "suficiente y prolongado". Por su parte, los fiscales proponían derogar el sistema de plazos máximos de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital en la Fiscalía, la atribución a la Fiscalía General de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

En julio de 2017, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y las asociaciones llegaron a un acuerdo para poner en marcha un calendario de reformas. En aquel momento, los representantes asociativos ya advirtieron de que "si no se cumple lo que se nos ha prometido, tendremos que tomar medidas, sin descartar la huelga".

"El balance no puede ser más decepcionante", afirman ocho meses después. "No parece haber una mayoría clara en el Parlamento favorable a reformar el órgano de gobierno de la Judicatura conforme a lo propuesto por las cuatro asociaciones judiciales, ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la subcomisión parlamentaria creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial extensiva los fiscales".

Añaden que el Gobierno "ha renunciado" a incrementar el número de miembros de las carrera judicial y fiscal "a fin de ir equiparándolo a la media europea" y "no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones".

Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones, que por ley debe de reunirse cada cinco años, "con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años". Señalan que desde 2010 "se vieron reducidas las retribuciones muy por encima de la función pública, con el pago irrisorio de guardias de jueces y fiscales".

Indican, asimismo, que no se hace "nada" por mejorar el proceso de digitalización, "y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional". El CGPJ "ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales" y "sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo".

Las asociaciones han acordado un plan gradual de movilizaciones que comenzarán el 5 de abril en las sedes judiciales de toda España, con la lectura de las propuestas de jueces y fiscales a las 13 horas.

Para el 14 de abril se prevé una concentración en Madrid, aunque no han indicado en qué lugar se producirá. Luego llamarán a jueces y fiscales a realizar paros parciales de una hora (12 a 13 horas) los jueves de cada semana durante un mes, y "en caso de no haber respuesta a las citadas propuestas, se convocará un día de huelga de las carreras judicial y fiscal, para lo cual se fija el 22 de mayo". La fecha podrá ser modificada "en función de la marcha de las negociaciones".