La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que obliga a indemnizar con 14.400 euros a Enric Stern y Jaume Roura, los jóvenes que fueron condenados a 15 meses de prisión por quemar una fotografía de los reyes eméritos en 2007, ha sido recibida por el entorno independentista como una vía libre para destruir símbolos del Estado.
Los sectores independentistas han salido pronto en tromba para calificar a España de régimen antidemocrático e interpretar, en virtud del fallo, que todas las manifestaciones contra símbolos nacionales se enmarcan dentro de la "libertad de expresión". A la cabeza de las descalificaciones, como viene siendo habitual, Carles Puigdemont. El ex presidente de la Generalitat, prófugo de la justicia en Bruselas, ha dicho en su cuenta de Twitter que "la vía internacional es lenta, pesada y compleja, pero es la más efectiva para hacer caer el régimen instalado en España".
Quemar fotos del rey es libertad de expresión, según Estrasburgo
La sentencia
Stern y Roura fueron condenados por la Audiencia Nacional a 15 meses de prisión por un delito de injurias contra la Corona. Una pena que fue sustituida por una multa de 2.500 euros. El Tribunal Constitucional confirmó la condena porque que "el acto de los demandantes no podía ser cubierto por el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de opinión", y consideró que habían instado al "odio y la violencia hacia el Rey y la monarquía".
Sin embargo, el TEDH considera que la quema pública de la fotografía de los reyes colocada boca abajo se enmarca en la "crítica política" y que formaba parte de "una de esas producciones provocativas que se utilizan cada vez más para atraer la atención de los medios de comunicación y que, en sus ojos, no vaya más allá de una apelación a un grado de provocación permitido para la transmisión de un mensaje crítico en cuanto a la libertad de expresión".
En declaraciones a EL ESPAÑOL, el abogado de los dos jóvenes, Benet Salellas, cree que la sentencia de Estrasburgo "da la razón al independentismo y confirma que sus manifestaciones no son violentas, así como advierte a la Justicia española de que está haciendo una mala interpretación de lo que es el discurso del odio, así como le advierte de que no se puede combatir el discurso independentista desde los Tribunales".
Considera Salellas que el fallo "sienta doctrina" y abre la vía a esgrimirla en los casos que todavía están en vías de recurso, no en los que ya estén cerrados. Un ejemplo sería el del independentista Santiago Espot, condenado por la Audiencia Nacional a pagar una multa de 7.200 euros por delitos de injurias a la Corona y ultraje a España por organizar la pitada al himno y al Rey durante la final de la Copa del Rey de 2015.
Reacciones políticas
La sentencia se ha hecho pública el mismo día que el Congreso debatía una propuesta de la formación republicana para eliminar del Código Penal los delitos de injurias a la Corona y los ultrajes a España. No es la primera vez que ERC lleva esta iniciativa al Parlamento. Lo hizo en 2008, 2011 y 2012 sin éxito. En esta ocasión tampoco saldrá adelante.
La secretaria general de dicha formación, Marta Rovira, ha dicho que con la resolución de Estrasburgo "sale ganando el derecho a la libertad de expresión, una libertad que fue puesta en duda por los tribunales españoles y que el Gobierno del PP minimiza y trata de reducirla cada día más", ha dicho en rueda de prensa.
El diputado socialista José Andrés Torres Mora ha sido tajante al rechazar la propuesta y ha acusado a ERC de no querer despenalizar la crítica, sino de pretender "convalidar la violencia verbal". "¿Es que no hieren las palabras, no marginan, no arruinan la vida?", se ha preguntado Torres Mora antes de pedir a ERC que no confunda la democracia "con la tiranía de la mayoría".
En esa misma línea, el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reprochado a ERC que quiera despenalizar actuaciones que protagonizan los propios republicanos catalanes y sus juventudes. "Son ustedes los que queman y pisotean los símbolos de la nación española. La expresión de su odio a España, su intento por humillar a los españoles, tiene límites y lo marca la ley", ha dicho.