El separatismo convoca una investidura exprés de Turull que le empuja a la cárcel

La partida del ajedrez que los partidos independentistas libran contra el Tribunal Supremo ha vivido este miércoles dos movimientos rápidos e inesperados que han cambiado completamente la situación política y la investidura de un nuevo Govern. Este jueves a las 17:00 el Parlament de Cataluña celebrará, según ha anunciado su presidente, Roger Torrent, el debate de investidura para hacer presidente al diputado de Junts per Catalunya y exconseller de Presidencia Jordi Turull.

Este miércoles, Turull despertó como nuevo favorito para la presidencia de la Generalitat. Su nombre sonaba ya desde hacía semanas, pero sólo era el "plan C" tras los intentos de investidura de Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, y Jordi Sànchez, en prisión provisional y con una situación judicial que le impedía participar en un debate de investidura. 

El partido de Puigdemont, Turull y Sànchez comunicó al presidente del Parlament que ya no proponía a este último, que además ha anunciado que dejará su acta como diputado. Pero el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena citó el jueves a Turull y los demás líderes independentistas encausados que no están en prisión ni huidos para comunicarles el procesamiento y evaluar de nuevo si los mantiene en libertad o decide su ingreso en prisión.

El independentismo acusó instantáneamente un duro revés, ya que el viernes el Supremo debate, entre otras cuestiones, si Turull debe ser suspendido como diputado. Si entra en prisión, podría encontrarse en la misma situación que Sànchez y no ser investido. 

Ronda de consultas y propuesta de Turull

Tras reuniones a varias bandas, en las que partició el propio Turull, Torrent comenzó a llamar en torno a las 21:00 a los partidos y menos de una hora después compareció para convocar el pleno de investidura para este mismo jueves y así adelantarse al Tribunal Supremo.

"Son los representantes del pueblo de Cataluña los que decidirán si Jordi Turull será o no presidente", dijo Torrent ante las "injerencias" que "se podían producir este viernes", dijo. 

Según el artículo 4.3 de la Ley de Presidencia catalana, la investidura debe contar con la mayoría absoluta en primera votación. Esto quiere decir que, para investir a Turull este jueves, la CUP tiene que votar sí junto a Junts per Catalunya y ERC. Si no, la segunda votación, para la que se requiere mayoría simple, tendría lugar el sábado, después de la comparecencia ante el Supremo. 

Una investidura que puede conducir a la cárcel

La estrategia del bloque independentista puede tener como resultado directo el encarcelamiento del presidente electo. Si se tienen en cuenta las resoluciones dictadas hasta ahora por el juez del Supremo Pablo Llarena, es altamente probable que la Fiscalía inste la vuelta de Turull a prisión y que el instructor del tribunal lo acuerde este mismo viernes.

El magistrado ha acelerado el procesamiento de los encausados a la vista del riesgo de reiteración delictiva que se deriva de la intención del bloque independentista en el Parlamento catalán de encumbrar a la presidencia de la Generalitat a Jordi Turull pese a los indicios que se acumulan en su contra de haber actuado en contra de la ley.

En su sorpresiva resolución dictada este miércoles, el instructor del Supremo no sólo ha anunciado que el próximo viernes notificará el auto de procesamiento sino que, además, ha convocado para ese mismo día a seis de los investigados que son diputados en el Parlamento de Cataluña, entre ellos Turull. El motivo de la citación es celebrar la vista indicada en la ley cuando se pretende modificar la situación procesal, en otras palabras, cuando se quiere reexaminar la situación de libertad bajo fianza en la que los seis encausados se encuentran. Se trata, aparte de Turull, de Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira.

Burlar las condiciones de la libertad

Hacía solo 24 horas que el juez había abierto una pieza secreta para rematar la investigación de los fondos públicos presuntamente gastados en el procés. Ello hacía pensar que el procesamiento de los encausados no se produciría de forma inminente, dada la relevancia del delito de malversación. Pero el instructor ha optado por anticipar el procesamiento a la vista de que Turull, al que el propio Llarena excarceló el pasado 4 de diciembre, puede estar dispuesto a burlar las condiciones impuestas para estar en libertad. Además, la ley permite ampliar con posterioridad el procesamiento, por lo que los datos que se hallen para complementar la malversación pueden ser incorporados más tarde.

El instructor ya advirtió a los exconsejeros catalanes a los que puso en libertad bajo fianza de una eventual modificación de esa situación "si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga".

En varias resoluciones en las que el magistrado se ha pronunciado sobre la candidatura a presidente del Govern de Jordi Sànchez, Pablo Llarena ha rechazado excarcelarle con argumentos extrapolables ahora a Turull. En concreto, ha considerado que existe riesgo de reiteración delictiva por la integración en una candidatura dispuesta a perseverar en la senda de la secesión unilateral.

En resoluciones dictadas el 6 de febrero y el 9 de marzo, Llarena ha apreciado "elementos" que reflejan que "volvería a reproducirse un ataque al bien jurídico tutelado por el delito" de rebelión que se investiga. Se basa en "la existencia de un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata, sosteniendo que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión" contrario a la ley.

El compromiso delictivo de Sánchez

En el caso de Sànchez, el instructor del Supremo denegó su puesta en libertad porque ha revalidado su compromiso delictivo, integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia".

Para LLarena, el ejercicio del derecho a ser investido presidente de la Generalitat solicitado por Sànchez "no supone si no favorecer la reiteración que trata de conjurarse, visto que la actividad delictiva que se investiga se desplegó -precisamente- desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente".