El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estudia en estos momentos el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una acción que, de materializarse, paralizaría la resolución del proceso de extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont que se sigue en Alemania.
La reacción del instructor del Supremo es consecuencia de la decisión tomada el jueves por el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, que ha descartado la entrega a España de Puigdemont por el delito de rebelión, lo que limitaría su persecución al delito de malversación de fondos públicos (en el supuesto de que esta acusación fuera finalmente aceptada).
Llarena analiza si las limitaciones impuestas por los jueces alemanes son compatibles con las reglas, principios y finalidades de la Decisión Marco que creó la euroorden, que garantiza el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que dictan los Estados miembros.
En concreto, el magistrado estudia si se ha producido una extralimitación del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein en la verificación del principio de doble incriminación y al determinar que los hechos indiciariamente acreditados no constituyen un delito de rebelión cuando un tribunal español así lo ha establecido.