El Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia por posibles "irregularidades" en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia durante la época de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno regional, según han informado fuentes del Ejecutivo madrileño.
Este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad en los ejercicios entre 2005 y 2015.
La denuncia refleja que en el informe de la Abogacía General "se acredita de modo objetivo que la gestión de Campus de Justicia SA ha sido realizada de una forma irregular en términos generales, abarcando las anomalías detectadas múltiples ámbitos de la actividad económica, operativa, de contratación y control de la Sociedad".
Cristina Cifuentes lleva a la Fiscalía el Campus de la Justicia de Aguirre
Del mismo modo, la denuncia también destaca que esas anomalías "apuntan a un incumplimiento sistemático de los principios y normas más esenciales de la contratación pública y de la llevanza de la contabilidad".
Esto habría supuesto, según el texto, "un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil". En este sentido menciona también "la extermporaneidad en la aportación de las cuentas", "la omisión de preceptivos informes así como de datos materiales sobre las operaciones de gestión de activos", "discrepancias entre la realidad y la contabilidad de la Sociedad".
Del mismo modo cita "la desconexión entre la actividad de la Sociedad y su volumen de directivos", "la ausencia de documentos contractuales" referente a los cobros y relación laboral con los empleados, "la preponderancia de criterios discrecionales en la contratación pública" y "la aplicación de fundamentos desiguales al valorar ofertas".
La denuncia reflejada en el informe también habla al referirse a las contrataciones de "conflictos de intereses, arrojando situaciones de mera apariencia formal de legalidad no compatibles con el desarrollo real de los procesos de contratación".
El texto se refiere también a la perspectiva de "menoscabo" de la Comunidad de Madrid, por "su condición de evidente perjudicada" dado que había sido "la accionista de la Sociedad y quien ha desembolsado el dinero procedente de sus partidas presupuestarias".
La Cámara de Cuentas señala reiteradamente las "pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas", afirmando que "no sólo son un hecho contrastable, sino que los efectos negativos para los recursos económicos de la Comunidad de Madrid no son tan siquiera susceptibles de cuantificar".
Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".