Los jueces de Navarra y las cuatro asociaciones de jueces que existen en España (la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente) pidieron este lunes la "inmediata dimisión" del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por afirmar que el Consejo General del Poder Judicial "debería haber actuado preventivamente" contra el magistrado Ricardo González, autor del voto particular en el que se argumenta que los miembros de La Manada deberían haber sido absueltos.

Catalá dijo que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González "tiene algún problema singular", el órgano de gobierno de los jueces "debería haber actuado preventivamente".

En unas declaraciones a la cadena Cope, el ministro de Justicia dijo que la labor del CGPJ es "ver si [un juez] está en plenas facultades para ejercer su labor". Aclaró que no habla de sanciones, "pero cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe".

"En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades", manifestó. "Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente", dijo Catalá, que cree que lo que ha molestado a la sociedad, más que la sentencia, han sido las expresiones utilizadas y la interpretación del juez González.

Catalá rehusó explicar cuál es ese problema, aunque recordó que Ricardo González tuvo "algunos expedientes" y criticó que el escrito discrepante de la condena a La Manada recoge "expresiones y consideraciones impropias de un voto particular".

Enfrentamiento

Las palabras del ministro han puesto en pie de guerra a los jueces, que desde hace semanas ya venían realizando movilizaciones contra el Ministerio de Justicia por la falta de medios materiales para realizar su labor.

Las afirmaciones sobre el "problema singular" del juez González han añadido más leña al fuego. En un comunicado hecho público tras las palabras del ministro, los jueces navarros y las asociaciones judiciales han considerado “inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor”.

La actitud de Catalá se considera por los jueces "especialmente escandalosa”. “Sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular ‘tiene algún problema singular que todo el mundo conoce’”, señalan.

Para los jueces y las asociaciones judiciales, esas manifestaciones de Catalá “no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia” y “deberían provocar su inmediata dimisión”.

La Comisión Permanente del CGPJ salió al paso de las manifestaciones "realizadas por diversos miembros  del Gobierno", en referencia implícita a Catalá. El órgano de gobierno de los jueces apela "a la moderación, prudencia y mesura y  a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de los miembros del Poder Judicial, "que trabajan para lograr una Justicia de calidad".

Expedientes antiguos

El órgano de gobierno de los jueces precisó este lunes que en el mandato del actual CGPJ -es decir, en los últimos cuatro años- el juez Ricardo González no ha sido objeto de ningún expediente disciplinario ni la Audiencia de Pamplona ha solicitado ningún seguimiento o inspección, en contra de lo publicado por algún medio de comunicación.

"En el actual mandato del CGPJ no ha tenido entrada en el Servicio de Inspección ninguna comunicación de la Audiencia Provincial de Navarra solicitando 'seguimientos e inspecciones en relación a la actuación profesional del magistrado Ricardo González", desmintió el Consejo.

"Además", agregó, "en la la petición de visitas presenciales para el año 2017 que realizó la presidencia del TSJ de Navarrra no figuraba ninguna petición de visita de inspección a la Sección Segunda de la Audeincia Provincial de Navarra", a la que pertenece González. En el listado de peticiones para 2018 sí figuran tanto la Sección Segunda como la Sección Tercera, sin indicación de motivo extraordinario para la visita. "Tampoco consta que el Promotor de la Acción Disciplinaria haya recibido en este tiempo ninguna petición de los órganos gubernativos de Navarra en relación con el magistrado".

González sí fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.

Las sanciones impuestas a González sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas, en el año 2003, supuso la suspensión por un periodo de seis meses debido a la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos. Al ser tan antiguos, todos estos antecedentes disciplinarios están ya cancelados.

Según medios judiciales de Navarra, González es un juez "perfeccionista, muy detallista", al que le gusta "argumentar extensamente" sus decisiones debido a sus "amplios" conocimientos jurídicos y que tiene tendencia a "darle muchas vueltas" a los asuntos, lo que en ocasiones genera retrasos en la redacción de las sentencias y autos.

Es lo que se conoce como "bloqueo resolutivo", una situación psíquica que ocasiona una mayor tardanza en las resoluciones y, en consecuencia, una acumulación de asuntos pendientes que, a su vez, aumenta la ansiedad del que lo padece.

Las mismas fuentes señalaron que González estuvo de baja médica en 2007 durante varios meses, una situación que, de forma automática y por estar así previsto en la normativa, da lugar a la petición de un informe forense por si es preciso iniciar un expediente de incapacitación. No fue el caso del juez navarro, que en 2008 se reincorporó a la jurisdicción. 

El PDeCat pregunta al ministro

El ministro de Justicia encontró el apoyo de la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, que fue juez del Tribunal Supremo. La diputada afirmó que el CGPJ debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso de la Audiencia de Pampona a la hora de emitir la sentencia del caso de 'La Manada' y ante el voto particular del juez Ricardo González, en el que, a su juicio, se ofende a la víctima.

Por su parte, el grupo parlamentario del PDeCat ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso para que Catalá concrete a qué se refiere con el "problema singular" del juez González.

La diputada Lourdes Ciuró ha pedido la comparecencia del ministro en el Congreso y, paralelamente, ha registrado una serie de preguntas para que el ministro aclare si "cree que Ricardo González está incapacitado para ocupar la plaza de magistrado.

También pregunta al titular de Justicia si considera positivo "legislar en caliente y a golpe de titular en una materia tan sensible" como la modificación del Código Penal.