Los jueces y magistrados de Navarra han hecho público un comunicado en el que afirman que las críticas vertidas al tribunal que ha dictado la sentencia contra los miembros de 'La Manada' la “no amparan la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo” con el fallo.
El comunicado, también suscrito por las cuatro asociaciones judiciales (la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente) critica especialmente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuya dimisión reclama.
Los jueces señalan que las decisiones judiciales “están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones”.
Siete asociaciones de jueces piden la dimisión de Rafael Catalá
“La independencia judicial garantiza el sometimiento de los jueces únicamente al imperio de la Ley, Ley que emana del pueblo a través del Poder Legislativo, sin que en ningún caso sea posible apartarse de esa Ley y actuar movidos por prejuicios, juicios paralelos o presiones siendo mucho más importante garantizar ese respeto a la Ley que los reproches sociales que nuestra labor puede provocar pues solo de esa manera garantizaremos el funcionamiento del Estado de Derecho. Ese respeto a la Ley es el que fundamenta todas y cada una de las resoluciones que cada día se dictan en los Juzgados a los que los ciudadanos acuden a resolver sus controversias”.
Para los jueces navarros, es “comprensible” que la opinión pública pueda no compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial en el caso de 'La Manada'. “Es admisible e incluso deseable que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el Poder Legislativo de quien emanan las leyes que los Jueces aplicamos”, señalan.
“Pero el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales”, añaden, “no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia”.
Una actitud "especialmente escandalosa"
Según el comunicado, la sentencia contra 'La Manada' “lleva a cabo un minucioso análisis de las pruebas practicadas, ha consignado unos hechos declarados probados y ha concluido una calificación jurídica conforme a una extensa motivación”.
“Esa calificación jurídica, muy compleja por otro lado, puede compartirse o no, y por este motivo nuestro sistema prevé también un régimen de recursos que permita revisar lo resuelto y mantenerlo o modificarlo. Es decir, todavía dos órganos superiores, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo podrá revisar todas aquellas cuestiones respecto de las que exista desacuerdo”, destacan.
A su juicio, el respeto a la independencia judicial es “esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales.”. En este sentido, consideran “inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor”.
“Especialmente escandalosa” consideran la actitud del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuya reprobación por el Parlamento recuerdan. “Sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular ‘tiene algún problema singular que todo el mundo conoce’”.
Consideran que esas manifestaciones de Catalá “no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia” y “deberían provocar su inmediata dimisión”.
El CGPJ pide a Catalá que aclare la información que maneja
José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que no le consta que el juez discrepante de la sentencia de la Manada tenga "algún problema singular" tal y como ha dicho el ministro de Justicia, al que ha pedido que aclare esa información. "Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben", ha subrayado Macías, que ha destacado que la obligación del Ministro es colaborar con el "buen funcionamiento de la Justicia y con el Consejo".
De hecho, el CGPJ ha emitido este lunes un comunicado en el que llama a la "prudencia" y la "mesura" tras las críticas a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre los cinco integrantes de 'La Manada' y ha pedido "una reflexión prudente" por los cauces establecidos. Se apela, asimismo, a la "responsabilidad institucional" para evitar "la utilización política de la Justicia" o "el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y la profesionalidad" de jueces y magistrados que "trabajan para lograr una justicia de calidad".
"Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria", ha admitido el CGPJ en el texto.