La abogada Silvia Andrés, que el pasado 9 de marzo difundió en Youtube un vídeo en el que denunciaba que la firma Cuatrecasas la estaba discriminando laboralmente por haber sido madre, ha defendido este lunes en el Juzgado de lo Social número 27 de Madrid una demanda de rescisión de contrato en la que solicita una indemnización de 337.000 euros.
La igualdad es necesaria
Según afirmó durante el juicio la representación de Andrés, desde que anunció su embarazo la letrada ha sufrido una "degradación profesional" que atribuye a una discriminación por razón de sexo y que se habría plasmado en el anuncio de su jefe de que no promocionaría de categoría en los próximos tres años, en la denegación de una parte de la retribución variable que sí cobraron sus compañeros y en mayores exigencias en la realización de sus tareas "intentando que metiera la pata" y con "constantes reproches" de que tanto su jefe como el resto de compañeros estaban trabajando más que ella.
"Toda la demanda es un invento", replicó en defensa de Cuatrecasas el letrado Martin Godino, socio director de Sagardoy. Demoledor, el representante de la firma demandada aportó pruebas documentales contrarias al relato de Andrés. A ello se unió el hecho de que las propias testigos propuestas por la demandante vinieron a reforzar la tesis de la empresa y, además, numerosos documentos aportados por Andrés fueron rechazados por la magistrada al haber sido presentados con pegatinas adheridas y anotaciones explicativas hechas a boli que, en vez de ser clarificadoras, llevaron al Juzgado a considerar que se había pervertido o viciado el elemento probatorio.
Entre los documentos no admitidos figuran correos electrónicos que Silvia Andrés intercambió con su jefe, Fernando de Vicente. Godino no había tachado esas pruebas: "Nosotros también los aportamos, pero no seleccionados sino la cadena de mensajes entera", dijo.
Leyó algunos de esos correos, en los que el responsable del departamento indicaba a la letrada -que sufría una gestación de riesgo- que se cogiera la baja "por el tiempo que necesites". "Piensa en el embarazo y no en el trabajo", señalaba De Vicente.
El defensor de Cuatrecasas manifestó que Silvia Andrés comunicó que estaba embarazada en octubre de 2016. Tres meses después, en enero de 2017, De Vicente la promovió al último escalón dentro de la categoría de asociada (del nivel 3 al 4) y le aumentó las retribuciones fijas y variables.
También en enero de 2017, tanto el socio director del departamento como el abogado senior del mismo calificaron positivamente el trabajo de Silvia Andrés y su trato con los clientes, aunque coincidieron en que para su promoción a la siguiente categoría -asociada principal- necesitaba una mayor formación y experiencia en el área de contencioso tributario.
El ascenso a esa categoría ya no está en manos del jefe del departamento, sino que éste hace una propuesta pero la decisión corresponde a un comité de evaluación y deben superarse unas pruebas. Según Godino, es por eso -y no por ninguna discriminación de género- que se dijo a la demandante que tendría que formarse primero y esperar para promocionar. Una de las testigos de Andrés declaró que a ella también le congelaron el ascenso durante dos años "porque el salto a asociada principal implica más responsabilidad y requiere una preparación mayor", explicó la testigo.
Godino destacó que desde noviembre de 2016 la demandante estuvo la mayor parte del tiempo de baja debido a su embarazo de riesgo y cuando se reincorporó, en noviembre de 2017, la firma aceptó su petición de hacer una jornada flexible para poder salir a las 18 horas.
El letrado atribuyó a un criterio erróneo de De Vicente que no se abonara a Silvia Andrés su parte del bonus del departamento correspondiente a 2017 al considerar que, a diferencia de sus compañeros, "ella había trabajado sólo 20 días". Cuatrecasas rectificó y le pagó el 100% del bonus de grupo el pasado febrero, una vez presentada la demanda.
Para Godino, Silvia Andrés "ha montado una demanda que tenía preconcebida para obtener una indemnización tremenda acusando a una firma prestigiosa de vulnerar derechos fundamentales". A su parecer, ello se pone de manifiesto, entre otros hechos, en que el 15 de noviembre de 2017, a ocho días de la terminación de su baja maternal y de tener que reincorporarse al trabajo, escribió un post ("que luego ha borrado") en uno de sus blogs en el que anunciaba que había decidido hacerse emprendedora y organizar un negocio de venta de cestas para bebés.