Un juez no debe "revelar, fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta". Así lo establece el régimen disciplinario de la Judicatura y, por ello, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto unas diligencias informativas a la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, por la publicación en su cuenta de Twitter de un mensaje en el que difundía la carátula de un atestado de la Guardia Civil incorporado a un procedimiento penal que Rosell tramita en su Juzgado.
El tuit apareció el pasado abril, en coincidencia con el escándalo por la presunta falsificación de las firmas de los profesores del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Rosell, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, manifestaba que se le venía a la cabeza el principio de igualdad ante la ley cuando "recibes un atestado por 'delito de falsedad en documento oficial' por una pegatina de la ITV".
Tuit de Rosell./
En la foto de la primera página del atestado que reprodujo en el tuit, Rosell no borró adecuadamente determinados datos como la matrícula del coche denunciado o el número de identidad profesional del instructor de la Guardia Civil. Esta circunstancia fue advertida por otros tuiteros, aunque la imagen no ha sido rectificada o suprimida.
Alertas de lectores del tuit.
La Ley Orgánica del Poder Judicial tipifica como infracción la revelación indebida de datos conocidos con motivo del ejercicio profesional. Se califica como falta grave, aunque puede ser muy grave si la revelación causa algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.
Las diligencias informativas han sido abiertas después de que un particular se haya quejado al Consejo General del Poder Judicial por ese tuit, preguntando si un juez puede difundir datos de un atestado policial. Las diligencias no presuponen la incoación de un expediente disciplinario sino el acopio de información para que el promotor de la acción disciplinaria (PAD), Ricardo Conde, pueda decidir si hay o no indicios de infracción.
Hasta el momento ninguna de las actuaciones disciplinarias practicadas en relación a Rosell ha terminado en sanción. El anterior PAD, Antonio Fonseca-Herrero, incoó un expediente contra la magistrada por una supuesta falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales por haber intervenido en una causa en la que había sido recusada.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ no dio la razón al promotor y archivó el expediente por cinco votos frente a dos. La comisión no consideró acreditado que Rosell interviniera en el procedimiento, tal y como sostenían Fonseca-Herrero y la Fiscalía, que propusieron imponerle un mes de suspensión de funciones.
Rosell fue elegida diputada de Podemos en las elecciones generales de diciembre de 2015, aunque a los cuatro meses dejó el escaño porque la Sala Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite una querella interpuesta contra ella por el exministro del PP José Manuel Soria por presuntos delitos de retardo malicioso en la administración de justicia y prevaricación, entre otros delitos. Al perder el fuero, la querella fue investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la archivó.