La jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga el caso del máster de Cifuentes tiene ya mucha información de valor en sus manos. Por un lado, durante la jornada de declaraciones de este jueves salió a la luz que una asesora del Gobierno madrileño y amiga de la expresidenta, María Teresa Feito, habría intervenido para intentar cortar por lo sano el escándalo, pidiendo a una de las profesoras que "buscara el trabajo" y más tarde "que lo hiciera". Por otro, la jueza tiene información sobre otros alumnos que también reconocen haber aprobado el máster sin haberlo cursado, lo que vendría a confirmar que la escuela pudo ser un montaje, un auténtico chiringuito para favorecer a personas próximas al Partido Popular, a sus familiares y amigos.
Sin ir más lejos, otros dos alumnos de dicho máster de Derecho Público que están citados a declarar como testigos el próximo lunes son Vicente Ferreras Carpintero y Ricardo San Antonio Loriente, dos jefes de área del Gobierno madrileño del Partido Popular.
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Cecilia Rosado, una de las tres profesoras cuya firma aparecía en el acta que Cifuentes presentó para justificar que había realizado su Trabajo de Fin de Máster (TFM), contó a la jueza que Feito la llamó insistentemente para que "primero buscaran el trabajo y luego lo hicieran" dando órdenes a la propia universidad pública. Feito, que también es profesora de Filología inglesa en la URJC y asesora en la Consejería de Educación, hizo esas llamadas la misma mañana que el rector del centro, Javier Ramos, ofreció una rueda de prensa para informar del caso. Durante ésta, Ramos dijo que había hablado con la profesora Rosado y que ésta le ratificó que la defensa del máster se había producido. Sin embargo, la versión que ésta trasladó a la magistrada es contradictoria.
La comparecencia del rector de la universidad se hace, por tanto, casi necesaria en la causa. Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL no descartan que la jueza le cite también a declarar próximamente.
Alumnos que aprobaron sin ir
La magistrada también tiene en su poder las declaraciones de otros alumnos que reconocen haber aprobado el máster de Derecho Público sin haberlo cursado. Precisamente ese extremo fue el que ayer llevó a Rodríguez-Medel a cambiar la condición de testigo a investigada a Alicia López de los Mozos, la presidenta del Tribunal que debería haber examinado a Cifuentes. Aunque ésta denunció que su firma había sido falsificada en el acta en la que se calificaba con un 7,5 a la expresidenta madrileña, acabó imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que en realidad no habrían pasado por clase.
La jueza parece dispuesta a investigar con determinación e intensidad el caso. No sólo para saber si Cifuentes cursó o no el máster y cómo obtuvo su nota, algo que tendrá que explicar el próximo 26 de junio en su condición de investigada, sino también para desentrañar si se trataba de una escuela para favorecer a "amigos del PP". No en vano, entre los alumnos, algunos de ellos citados a declarar como testigos el próximo 14 de mayo, se encuentra Vicente Ferreras Carpintero, jefe de área de Formación de la Comunidad Autónoma de Madrid o Ricardo San Antonio Loriente, jefe de Recursos Humanos en el Servicio Madrileño de Salud, dos cargos dependientes del Gobierno madrileño.
Hasta el momento, además de la propia Cristina Cifuentes y el director del máster, Enrique Álvarez Conde, también están siendo investigadas la presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster, Alicia López de los Mozos, la profesora que firmó el acta, Cecilia Rosado, y la funcionaria que presuntamente cambió la nota, Amalia Calonge, también próxima al Partido Popular.