La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este jueves al juez Pablo Llarena que dicte autos de ratificación de la prisión de los tres exconsejeros catalanes prófugos en Bélgica y vuelva a emitir órdenes euroreas de detención y entrega.

Tal como ha informado EL ESPAÑOL, la Fiscalía del Supremo respalda que el instructor no ha cometido ningún defecto formal -en contra de lo que han valorado el fiscal y el tribunal belgas-, pero considera necesario intentar de nuevo el proceso de entrega "para la puesta a disposición de los fugados", en referencia a Antoni Comin, Meritxell Serret y Lluis Puig.

En un escrito firmado por los fiscales de Sala Javier Zaragoza y Fidel Cadena, el Ministerio Público afirma que el auto de procesamiento contra los miembros del anterior Gobierno catalán dictado por Llarena el 21 de marzo -en cuya parte dispositiva se acordó mantener las medidas cautelares de prisión dictadas inicialmente por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela- "constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de detención y entrega de los tres fugados y satisface plenamente las exigencias previstas en la decisión marco" que regula la euroorden.

Ello es así, argumentan, porque el auto de procesamiento "incluye una relación detallada de los hechos delictivos que se les imputan, los elementos indiciarios en los que se sustenta la imputación, una calificación jurídica mucho más precisa de los hechos al dictarse en un estado más avanzado de la investigación y el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional acordada por la Audiencia Nacional".

La orden de prisión, añaden, "seguía plenamente vigente en el ámbito nacional como orden de detención ejecutiva para la busca y captura de los afectados", ya que el Tribunal Supremo, que asumió la competencia sobre el proceso el 24 de noviembre, "jamás la dejó sin efecto". Por el contrario, la ratificó de forma expresa en el propio procesamiento que fue base de las euroórdenes.

Los fiscales ponen de manifiesto, como ejemplo de la fuerza ejecutiva de las decisiones de Llarena, que el 28 de noviembre se dirigió a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Interpo ordenando que "en caso de ser hallados los reclamados Carles Puigdemont, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Meritxell Borrás y Lluis Puig deberán ser puestos a disposición de este Tribunal".

El auto de procesamiento "reúne la doble cualidad de auto de prisión y orden detención nacional previa a la euroorden a los efectos de la reclamación y entrega de los imputados que han eludido la acción de la justicia", concluyen.

No obstante, "vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las autoridades judiciales competentes de Bélgica, que no se refieren al fondo de la reclamación, y ante la necesidad de asegurar la adecuada tramitación de la euroorden así como la entrega y puesta a disposición de este órgano jurisdiccional de los fugados", los fiscales piden al instructor que dicte "auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional incondicional acordada con anterioridad" respecto a los mismos encausados "y emita orden europea de detención y entrega que deberá enviarse directamente a las autoridades judiciales de Bélgica".