Constitucionalistas aconsejan a Rajoy que no dé luz verde al pseudo-gobierno de Torras

"Ningún Gobierno democrático en ningún país del mundo nombraría para gobernar a un huido de la Justicia o a un encarcelado", afirma Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La opinión de Freixas es también la de otros constitucionalistas preguntados por EL ESPAÑOL, que consideran que el Ejecutivo de Rajoy no debe permitir la conformación de un Gobierno catalán que incluya a personas que no van a poder ejercer el cargo de consejeros, "porque no se puede gobernar desde el extranjero o desde la cárcel".

Los juristas consultados consideran "razonable" que el Gobierno de España haya comunicado a la Generalitat que "va a proceder a analizar la viabilidad" de publicar el decreto del presidente de Cataluña, Quim Torra, por el que nombra al vicepresidente del Govern y a los consejeros, entre ellos dos que se encuentran privados de libertad tras ser procesados por delitos de rebelión y malversación de fondos (Jordi Turull y Josep Rull) y otros dos que están prófugos en Bélgica, también procesados por rebelión y malversación (Antoni Comín) y malversación de caudales públicos y desobediencia (Lluis Puig).

"Esto no es la limitación de derechos políticos, es el sentido común: no se puede ser nombrado miembro de un Gobierno si no se está en condiciones de ejercer el cargo", explica Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. A su juicio, el Ejecutivo nacional debe analizar si los consejeros elegidos por el presidente de la Generalitat "reúnen las condiciones mínimas para ejercer el cargo" y entre esas condiciones se encuentra la de estar en libertad para asistir a las reuniones del Govern o para someterse al control del Parlamento de Cataluña. 

En la misma idea insiste Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. "Personas presas no deben ser consejeros porque es una condición práctica indispensable que estén en libertad", argumenta. "No es un problema de derechos civiles sino de poder ejercer el cargo", añade.

El 155

En su opinión, el bloqueo del Govern de Torra entra dentro de la autorización que otorgó el Senado al Gobierno central el 27 de octubre de 2017 para que interviniera en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Esa autorización, aún vigente, indica que las medidas acordadas -entre ellas, que el ejercicio de las funciones que corresponden al Govern es asumido por las autoridades designadas por el Ejecutivo de la nación- "se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña".

De esta forma, los consejeros designados por Torra no lo serán ni podrán ejercer hasta que su nombramiento aparezca en el Diario Oficial de Cataluña -lo que depende del Gobierno de la nación mientras esté vigente el artículo 155- y tomen posesión del cargo.

Inminente suspensión

"Yo no publicaría ese decreto", afirma Blanco, que sostiene que Torra está en una "estrategia de provocación". Ello se pone de manifiesto por el hecho de que, dentro de pocas semanas, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo confirmará, con alta probabilidad, el procesamiento de Turull, Rull, Comin y Puig. Automáticamente quedarán suspendidos en todos los cargos públicos que ostenten, incluido el de diputados autonómicos. Así lo establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

El nuevo presidente catalán no ignora este escenario y sabe que su decreto incluye a procesados que en un breve plazo no podrían ejercer ninguna función pública. Adicionalmente, no es previsible que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena autorice la excarcelación de Turull o Rull para desempeñar una responsabilidad como la de consejeros. De hecho, ha rechazado excarcelar al primero de ellos para ser candidato a la investidura como presidente autonómico.

Y ahora qué

Los juristas consultados consideran que la propia situación procesal de Turull, Rull, Comin y Puig impedirá que ejerzan como consejeros, incluso en la hipótesis de que Rajoy acabara publicando el decreto de nombramiento de Quim Torra.

Si la publicación del decreto es impedida, el presidente catalán puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, que sería el que determinaría finalmente si esa medida está amparada por el artículo 155.

Freixas considera, además, que el artículo 155 debe seguir vigente en Cataluña "y bien aplicado". La catedrática cree que los partidos constitucionalistas tendrían que pactar medidas que el Gobierno debería llevar al Senado para una nueva autorización, de modo que se logre que "las autoridades autonómicas que no respetan el ordenamiento constitucional sean corregidas".