El fiscal general, Julián Sánchez Melgar, mantuvo el pasado viernes en París conversaciones con fiscales alemanes, belgas y escoceses con ocasión de una reunión de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de los países miembros de la Unión Europea.
La cumbre, a la que también asistió la fiscal de Sala encargada de la cooperación internacional, Rosana Morán, fue aprovechada para celebrar contactos bilaterales con representantes de los tres países a los que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cursado euroórdenes para poder juzgar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antonio Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí, prófugos desde el pasado octubre.
El fiscal general español defendió ante sus interlocutores belgas, alemanes y escoceses la corrección formal y la sólida fundamentación legal de las euroórdenes emitidas por el instructor del Supremo y, en particular, rechazó ante el fiscal belga el supuesto defecto procedimental que el pasado miércoles hizo decaer la orden de entrega de Comín, Serret y Puig, informaron fuentes asistentes al encuentro.
Un tribunal belga declaró nulo el procedimiento de entrega de los tres exconsejeros después de que el fiscal de Bruselas considerase -en contra de lo que le comunicó el juez Llarena- que no existe una orden nacional de detención conectada con la euroorden. En realidad, el instructor del Supremo dictó el 21 de marzo una resolución mucho más incriminatoria que una orden de detención: un auto de procesamiento en el que también confirmó la medida cautelar de prisión inicialmente acordada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero ahora por los hechos y presuntos delitos reflejados en el procesamiento.
La posición del fiscal belga, que conocían de antemano las defensas de los exconsejeros pero que fue ocultada al juez del Supremo y a la representación española en Eurojust -que actúa de interlocutora con las autoridades belgas-, ha sido considerada en España una mera excusa para no tramitar las eurórdenes. Desde el Tribunal Supremo se ha criticado la "falta de compromiso" de la Justicia belga con España.
Las fuentes consultadas indicaron que el fiscal general informó a su interlocutor belga de que el Ministerio Público ya ha pedido al instructor que vuelva a iniciar el procedimiento de la euroorden tras dictar nuevos autos de prisión. Los fiscales belgas indicaron que, en efecto, ésa es la vía ya que la decisión del Tribunal de Bruselas es firme y no cabe recurso.
Alemania
El encuentro con una representante de la Fiscalía Federal alemana sirvió para ratificar la información también transmitida la pasada semana por Alemania a Eurojust-España de que el sistema procesal germano es parecido al español en lo que se refiere a la validez de las resoluciones, por lo que no otorgan relevancia al supuesto defecto formal apreciado en Bélgica.
En el sistema procesal español, cuando una causa pasa de un juez a otro por razones de competencia las resoluciones dictadas conservan su validez salvo que el nuevo juez las modifique o se deje sin efecto. En la causa relacionada con el proceso unilateral de independencia de Cataluña, el instructor del Supremo no sólo no modificó la detención y prisión acordada inicialmente por la Audiencia Nacional sino que la ratificó de forma expresa en el auto de procesamiento. Esto ha sido aquí tan pacífico que las defensas de los exconsejeros que han recurrido la prisión confirmada por Llarena lo han hecho combatiendo el relato y los argumentos del auto de procesamiento, no los hechos consignados el pasado noviembre por la instructora de la Audiencia Nacional.
La defensa de Carles Puigdemont en Alemania comunicó la pasada semana la decisión de Bélgica al Tribunal de Schleswig-Holstein. Llarena, por su parte, envió un escrito a la Fiscalía alemana para evitar el "error de interpretación" en el que, a su juicio, han incurrido las autoridades belgas.