Cerca del 56% de la carrera judicial según el Consejo General del Poder Judicial -el 65,4% según las asociaciones convocantes- y el 51,9% de la carrera fiscal han secundado este martes su primera huelga conjunta en demanda de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia y una mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales.

Histórico paro en la Justicia

Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales convocantes han considerado un éxito el seguimiento del paro teniendo en cuenta el carácter insólito que tiene una huelga en el Poder Judicial.

Datos sobre el seguimiento del paro por comunidades autónomas.

Numerosas actuaciones judiciales fueron suspendidas, aunque su número exacto no se conoce por la falta de datos en la mayoría de las comunidades autónomas. Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de algunos territorios, como Madrid o Murcia, tuvieron que hacer requerimientos por escrito a los secretarios de gobierno para que les facilitaran la información sobre las suspensiones de vistas y juicios, ya que los secretarios de gobierno alegaron haber recibido "instrucciones verbales del Ministerio de Justicia" para no recabar esos datos. Para las asociaciones convocantes, el Ministerio trataba con esa medida de que no haya una valoración del impacto que la huelga ha tenido para los ciudadanos.

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores suscribieron una declaración en la que muestran su "solidaridad con las asociaciones judiciales y fiscales en su intento por mejorar la situación actual y apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales que defienden".

Por su parte, 31 de los 79 magistrados del Tribunal Supremo -ninguno de los cuales secundó el paro- firmaron un comunicado promovido por Francisco Monterde (Asociación Profesional de la Magistratura), Sebastián Moralo (Francisco de Vitoria), Ana Ferrer (Jueces y Juezas para la Democracia) y Andrés Palomo en el que manifiestan "nuestro total apoyo a las reivindicaciones planteadas por las carreras judicial y fiscal en defensa de sus justas peticiones, con las que de manera unánime están reclamando las imprescindibles reformas que necesita la Administración de Justicia para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde".

El comunicado de apoyo de los jueces del Supremo señala que "la garantía de la independencia judicial, la modernización de la administración de Justicia para mejorar su calidad y eficacia, el incremento de las inversiones con el aumento de las plantillas de jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial resultan absolutamente imprescindibles para conseguir el eficiente funcionamiento de la Justicia que los ciudadanos se merecen".
"Medidas a las que debe sumarse", añaden, "la protección de los derechos profesionales de jueces y fiscales con la instauración de un sistema de cargas de trabajo razonable, así como la actualización y revisión de las retribuciones en cumplimiento del mandato previsto en la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal".