El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado en una resolución conocida este martes la libertad provisional "indefinida" solicitada por Josep Rull y Jordi Turull para tomar posesión y ejercer como consejeros del nuevo Gobierno catalán presidido por Quim Torra.
El juez Llarena deniega la libertad a Rull y Turull para ser consellers
El Gobierno está analizando si procede o no la publicación oficial del decreto en el que Torra nombra a su Ejecutivo, incluyendo a dos presos y a dos fugados, Antoni Comin y Lluis Puig, que se encuentran en Bélgica. La decisión del magistrado del Supremo puede representar un argumento adicional en la consideración, sostenida por distintos constitucionalistas, de que no pueden ser nombrados consejeros quienes no van a poder ejercer el cargo.
Llarena afirma que el riesgo de fuga y de reiteración delictiva que aprecia en Rull y Turull no sólo se mantiene sino que se ha potenciado con el anuncio del nuevo presidente catalán de que su voluntad es impulsar la república independiente "ilegalmente declarada" el pasado octubre.
Derechos políticos
Josep Rull y Jordi Turull, encarcelados desde el 23 de marzo tras ser procesados por presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, solicitaron ser excarcelados alegando que no sufren ninguna restricción de sus derechos políticos y que no puede adelantarse la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este precepto establece la automática suspensión en sus cargos públicos de las personas procesadas por delitos de rebelión, entre otros supuestos, una vez que el procesamiento sea firme. La Sala de Apelación del Supremo aún no ha decidido sobre la confirmación del procesamiento de los dos políticos catalanes, propuestos por el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, para ocupar las mismas carteras que desempeñaban con Carles Puigdemont.
Ambos alegaron también que el riesgo de reiteración delictiva puede conjurarse volviendo a decretar su prisión si actúan inadecuadamente.
Llarena recuerda que "la limitación de los derechos políticos de un individuo resulta adecuada cuando responda a otras finalidades constitucionalmente legítimas y más necesitadas de protección".
Se apoya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Constitucional, que ha avalado la limitación o suspensión de los derechos fundamentales relacionados con el ejercicio de cargos públicos cuando se "pone en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático».
Para el juez del Tribunal Supremo éste es el caso. Turull y Rull han sido procesados por hechos consistentes en que partidos secesionistas de los que forman parte "desplegaron su capacidad política para, desde su mayoría de escaños en el Parlamento, designar un presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que ejecutara las iniciativas legislativas de fragmentación territorial impulsadas desde el Parlamento, por más que éstas hubieran sido declaradas contrarias a nuestra Norma Suprema y hubieran sido anuladas por el Tribunal Constitucional". Todo ello "impulsando y favoreciendo" que amplios sectores sociales que comparten ese ideario "se enfrentasen pública y colectivamente a la actuación que las instituciones del país desplegaron para preservar el orden constitucional, buscando con ello forzar al Estado a aceptar la situación de hecho ilegalmente creada".
Llarena también recuerda que la Sala de Apelación acaba de confirmar la prisión de los exconsejeros subrayando que "no existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia e imponerla por vías de hecho".
El magistrado señala que no ha habido ninguna circunstancia que altere su propia valoración y, especialmente, la de la Sala de Apelación. "La determinación que expresaron todos los partícipes de que volverían a la ejecución de su plan ilegal tan pronto como recuperaran el control de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña", argumenta, "muestra que un eventual retorno de los procesados al Consejo de Gobierno de esa comunidad no sólo no desvanece o mitiga el riesgo de reiteración delictiva que trata de conjurarse sino que lo potencia, más aún cuando el presidente que pretende designarlos ha exteriorizado su voluntad y determinación de impulsar la república independiente ilegalmente declarada".
La dificultosa cooperación europea
Llarena tampoco está convencido del argumento de que el riesgo de reiteración delictiva podría ser conjuntado decretando de nuevo la prisión de Rull y Turull si, desde sus nuevos cargos de consejeros, reincidieran. "La potencial reversión de la medida que sugieren los recurrentes resultaría fácilmente inalcanzable si se considera el riesgo de fuga existente y las dificultades de ejecución que -en tal coyuntura
revocatoria- podrían surgir", señala el juez, que recuerda que la Sala de Apelación también se ha referido a las dificultades que están surgiendo para lograr que se sometan al proceso el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos.
La Sala indicó a este respecto el pasado día 17 que "aunque se mantenga la confianza que merecen los sistemas de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea, que no tienen por finalidad enjuiciar la actuación de las autoridades judiciales de otro socio sino que pretenden aumentar la agilidad de la colaboración basándose en un reconocimiento de las resoluciones judiciales que tiene su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza recíproca, sin embargo, a pesar de ello, ha de reconocerse que, en el caso, son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la UE".