Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego han impuesto su criterio frente al presidente y ponente del tribunal que ha juzgado el caso Gürtel, Ángel Hurtado: la sentencia incluye en sus hechos probados la existencia en el PP de una caja B mediante la cual el partido se financió de forma opaca "al menos desde 1989". De esa "estructura "paralela", añade la Audiencia Nacional, salieron fondos destinados "a miembros relevantes del partido".
La sentencia indica textualmente que cantidades obtenidas por la trama Gürtel "sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada 'Caja B' del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas".
La resolución, que matiza que la anterior afirmación se hace "para precisar el contexto" de la trama Gürtel ya que la caja B del PP es objeto de otro procedimiento aún en instrucción en la Audiencia Nacional, añade que en esas hojas manuscritas "se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a miembros relevantes del partido".
Rajoy afirma que "el PP es mucho más que diez o quince casos aislados" de corrupción
La Sala comparte la tesis del fiscal, que esgrimió que varios perceptores de fondos en cantidades que coinciden con las notas de Bárcenas (Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Luis Fraga) confirmaron en el juicio haber recibido el dinero.
A los anteriores el tribunal suma a otros testigos como el vicesecretario nacional del PP Javier Arenas y el presidente del Senado, Pío García-Escudero, que, pese a negar la financiación ilegal, "vinieron indirectamente a confirmar algunos de los apuntes de la caja B, en concreto en relación con una cena del año 2008 de Álvaro Lapuerta y de un regalo [una bandeja que entregaron al tesorero en su despedida]. Es decir, dieron detalles de lo que aparecía reflejado en este apunte de la caja B del partido".
La Audiencia se refiere a que otros testigos "han negado" la existencia de esa financiación paralela, entre ellos el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, o el exsecretario general del partido y exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. Estos testigos "afirman la falta de credibilidad de dichos papeles [de Bárcenas] y niegan la existencia una Caja B en el partido".
"Sin embargo", añade la sentencia, "el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar -argumentación que comparte el tribunal- que debemos tomar en consideración, a la hora de valorar estas testificales, lo que significaría reconocer haber recibido estas cantidades en cuanto que supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública que, si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una 'Caja B' en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido".
Por ello "se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido", concluye la Sala, que hace suyas las palabras de la Fiscalía en referencia a Rajoy y a los testimonios que negaron la financiación paralela del partido: “no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba”.
Voto discrepante
El presidente de la Sala ha expresado en un voto particular su discrepancia de las afirmaciones de la sentencia sobre la financiación ilegal del PP, redactadas por De Prada.
"De algo que ha sido colateral al enjuiciamiento, como era la necesidad de acreditar la existencia de una contabilidad extraoficial llevaba por Luis Bárcenas porque de ella se apodera de una cantidad de dinero", señala Ángel Hurtado, "parece colocarse al Partido Popular en una dinámica de corrupción institucional, cuando a dicho partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna".
El magistrado recuerda que cuando ocurrieron los hechos que se juzgan en esta parte del caso Gürtel (1999-2005) no existía el delito de financiación ilegal de partidos. Además, el PP ha comparecido en el proceso exclusivamente como partícipe a título lucrativo (por haberse beneficiado de actuaciones ilícitas cometidas por otros sin su conocimiento), "por lo tanto, ajeno a cualquier relación con la actividad delictiva que se enjuicia".
"No era necesario introducir los referidos pasajes [sobre la caja B] porque, estando encartado el PP como partícipe a título lucrativo, hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos", subraya Hurtado.