La Fiscalía de Schweslig-Holstein ha presentado ante el Tribunal regional su petición definitiva para la entrega a España de Carles Puigdemont por los dos cargos -rebelión y malversación de fondos públicos- por los que el expresidente catalán ha sido procesado por el juez Pablo Llarena.

La decisión de la Fiscalía alemana no sólo respalda al instructor del Tribunal Supremo en cuanto a los hechos y su calificación delictiva sino que viene a rechazar la existencia de los supuestos obstáculos formales alegados por la Fiscalía de Bruselas para no tramitar una euroorden idéntica, referida a los exconsejeros Antoni Comin, Meritxell Serret y Lluis Puig, prófugos en Bélgica. Bélgica ha anulado el proceso de entrega de los tres huidos alegando que no existiría una orden nacional de detención que se corresponda con la euroorden, una apreciación desmentida por el Tribunal Supremo español. 

La Fiscalía alemana ha informado en un comunicado difundido este viernes de que los hechos atribuidos a Puigdemont pueden ser considerados, de acuerdo con el Derecho alemán, como delitos de malversación de fondos públicos y rebelión, aunque también menciona la posibilidad de calificarlos como quebrantamiento de la paz pública, parcialmente similar a la sedición en el Código Penal español.

En su petición, los fiscales de Schweslig-Holstein insisten, en la línea ya expuesta al Tribunal regional en un informe del pasado 9 de mayo, que tanto durante el asedio a la Consejería de Economía en Barcelona el pasado 20 de septiembre como durante la votación independentista del 1-O, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, hubo una "violencia significativa" contra las fuerzas de seguridad españolas. 

Especialmente el 1-O hubo "ataques masivos contra funcionarios públicos de la Guardia Civil sin que interviniera la Policía catalana", dice el fiscal en referencia a la inacción de los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía alemana atribuye esa violencia a Puigdemont, responsable de no parar el referéndum ilegal y de que la Policía autonómica que tenía bajo sus órdenes garantizaran la celebración del referéndum.

A su juicio, esos "disturbios violentos masivos", a la vista de su intensidad, fueron capaces de ejercer un cierto grado de presión "que habría podido forzar [al Gobierno español] a ceder ante los separatistas".

La Fiscalía de Schweslig-Holstein recuerda al Tribunal regional que, de acuerdo con la regulación de las euroórdenes, la autoridad judicial a la que se pide la entrega de un presunto delincuente no debe revisar los argumentos de las autoridades judiciales del país emisor en cuanto a las cuestiones de prueba y culpabilidad, que son propias de los procedimientos penales internos y no de un proceso de entrega.

Puigdemont fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando cruzó la frontera con Dinamarca procedente de una conferencia que había ofrecido en Finlandia. El 5 de abril la Audiencia regional de Schleswig-Holstein decidió dejar a Puigdemont en libertad bajo fianza tras descartar el cargo de rebelión, en el que la Fiscalía del land insiste.