María José Segarra, hasta ahora fiscal jefe de Sevilla, se convertirá en la segunda mujer en dirigir el Ministerio Público después de que este viernes el Consejo de Ministros la haya designado para el cargo a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La primera jurista que desempeñó la función de fiscal general fue Consuelo Madrigal, entre enero de 2015 y noviembre de 2016.
Segarra (Madrid, 1963) deberá comparecer en los próximos días ante la Comisión de Justicia del Congreso, tras lo cual se producirá su nombramiento. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecen tanto Delgado como ella, expresó su satisfacción considerando que "nos encontramos ante una oportunidad histórica con el nombramiento de la nueva ministra y la designación de la fiscal general" ya que "pueden contribuir a alcanzar los objetivos" demandados por la carrera.
El Consejo de Ministros ha nombrado también a otro fiscal, Manuel Dolz (Almería, 1954), como secretario de Estado de Justicia. Dolz, fiscal del Supremo desde 2005, ha estado destinado en las Fiscalías de Barcelona, Cuenca, Valencia, Tarragona y Lérida. Doctor en Derecho, independiente y con una profunda formación jurídica, una de sus últimas publicaciones ha sido una obra sobre el delito de tráfico de influencias y la lucha contra la corrupción política.
María José Segarra advierte que sólo se debe a la Ley
Diagnóstico de la corrupción
Sobre este asunto, Dolz ha criticado la ausencia de reformas legislativas adecuadas y la falta de controles en las instituciones. En una entrevista publicada en la revista Iuris en 2014, el nuevo secretario de Estado indicaba que "no nos hemos articulado con una eficaz ley de control de la financiación de los partidos políticos" y "con la corrupción urbanística en las administraciones locales no ha habido la estrategia legislativa adecuada estableciendo que los órganos de control interno que funcionaran correctamente".
"No se ha establecido lo que yo pienso que debe de ser estructural en nuestro sistema: una absoluta independencia de los órganos de control", añadía Dolz. "Han fracasado los órganos de control: Tribunal de Cuentas, Intervención general de la Administración del Estado, los propios Tribunales Superiores de Justicia no se han visto
en condiciones de poder investigar a fondo esos delitos por la complejidad y, sobre todo, la falta de independencia de un cuerpo policial que esté adscrito orgánica y funcionalmente a esos Tribunales de Justicia. Y la propia Fiscalía tiene sus limitaciones derivadas de su propia estructura jerárquica y de su dependencia a través del fiscal general del Estado del propio Gobierno que es quien lo nombra".
Dolz fue el fiscal del Supremo que intervino entre 2011 y 2013 en la causa abierta al entonces vicesecretario general del PSOE José Blanco. A su juicio, el exministro de Fomento y exdiputado socialista debió ser juzgado por tráfico de influencias por las gestiones que habría desplegado para remover en el Ayuntamiento de Sant Boi los obstáculos que frenaban la concesión de la licencia medioambiental necesaria para que Azkar, empresa de la que es directivo su amigo Jose Antonio Orozco, tuviera una nave logística cerca del aeropuerto de El Prat (Barcelona).
El caso, en el que también se investigaron supuestos pagos a Blanco por el empresario gallego Jorge Dorribo, fue finalmente archivado con el criterio contrario de Dolz. En un escrito dirigido al magistrado instructor del caso, José Ramón Soriano, Dolz sostivo que la investigación del supuesto cohecho atribuido a Blanco había sido «incompleta» ya que se habían rechazado «numerosas diligencias». El fiscal pedía, por ello, que el archivo no sea definitivo, sino provisional.
Reorganización del Ministerio
La Subsecretaría de Justicia será ocupada por Cristina Latorre, miembro de la carrera diplomática. Hasta ahora desempeñaba la segunda jefatura de la Embajada de España en Belgrado. Entre 2006 y 2008 fue directora general de Cooperación Jurídica Internacional en el Ministerio de Justicia.
Delgado va a acometer una reestructuración del Ministerio para potenciar las áreas encargadas de acometer el proceso de modernización de la administración judicial, de un lado, y de las destinadas a promover los derechos humanos.
Según un comunicado del Ministerio, se recuperará la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, que hasta ahora era una subdirección general. La nueva dirección general integrará a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
Asimismo, se creará una Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones, que asumirá nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, para "garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo".