Un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre las sentencias contra España emitidas por los tribunales europeos concluye que nuestro país está en mejor situación que países como Bélgica y en niveles similares a los de Alemania o Reino Unido.
Es la primera vez que el departamento de estadística del órgano de gobierno de los jueces aborda un estudio de estas características, lo que se produce en un momento en que España ha planteado a esos tres países la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont y de varios ex miembros de su gobierno, prófugos de la Justicia española y procesados por graves delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en relación con la imposición unilateral de la independencia de Cataluña al margen de la Constitución.
Bélgica, donde se encuentran Antoni Comin, Meritxell Serret y Lluis Puig, ha archivado, aduciendo un supuesto defecto de forma, la petición de entrega cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Alemania y Gran Bretaña, por su parte, continúan tramitando las órdenes europeas de entrega de Puigdemont y de Clara Ponsatí, respectivamente.
De acuerdo con el informe España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos, España aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población en cuanto a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se declara que ha habido al menos una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el período 2013-2017.
La ratio de condenas a España es similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza.
Estadística de sentencias del TEDH./
La media anual de reclamaciones contra España admitidas en el Tribunal de Estrasburgo fue de 622 entre 2014 y 2017. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas por cada 10.000 habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio –0,64- y similar a la de Francia o Bélgica.
En cuanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -órgano que controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión- la ratio española respecto al número de recursos por incumplimientos presentados en los últimos cinco años es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia.
Respecto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento, España –con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06.
Estadística de las sentencias del TJUE./
El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales piden al TJUE que aclare cuál es la interpretación correcta del Derecho de la Unión aplicable a un caso.
Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el TJUE. El porcentaje está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea.
Las materias por las que más veces han planteado cuestión prejudicial los jueces españoles en los últimos 10 años son la de protección de consumidores (65) y política social (63). Los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al Tribunal de Luxemburgo en ese mismo periodo de 2008 a 2017 son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).