El titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, rechaza procesar a Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y presidente de Bankia, por el presunto cobro de comisiones ilegales procedentes de las empresas que se encargaron de la salida a bolsa de la entidad y el lanzamiento de la marca.
El magistrado considera que el delito de corrupción entre particulares que pudo darse por el presunto cobro de 835.000 euros está muy relacionado con los de blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública que se investigan en la otra decena de piezas abiertas contra Rato. De ahí que haya rechazado la petición de la Fiscalía de procesarle y abrir juicio oral únicamente por esta pieza.
El juez considera que todas las piezas deben abordarse en "una pieza oral conjunta" y rechaza, por tanto, llevarle al banquillo "por el momento" por esta investigación separada, según un auto adelantado por el diario VozPópuli.
Las comisiones
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el procesamiento de Rato por el presunto cobro de más de 835.000 euros en comisiones que habría recibido de las agencias de publicidad que ganaron la campaña del lanzamiento de la marca Bankia y la salida a bolsa de la entidad.
El Ministerio Público solicitaba al juez que concluyera la investigación y procesara a Rato y hasta a 15 de sus estrechos colaboradores que le habrían ayudado a hacerse con dicha cantidad.
Ésta es una de las piezas que integran la investigación general sobre el origen de su patrimonio. La Fiscalía considera que hay indicios suficientes para procesar a Rato por un delito de corrupción entre particulares por haberse beneficiado, gracias a la intervención de sus colaboradores, de comisiones de las agencias publicitarias Zenith Media SL y Publicis Comunicación España SL, precisamente las que se ocuparon del lanzamiento de la marca Bankia y la salida a bolsa de la entidad.
Rato dice que el Gobierno le quería en la cárcel
Concretamente la Fiscalía cree el expresidente de Bankia pudo embolsarse 474,416 euros en 2011 y 360.608 euros en 2012 a través de su sociedad patrimonial Kradonara 2001 SL.
Su "núcleo duro"
Anticorrupción considera que todas las personas que le habrían ayudado a conseguirlo, entre quienes se encuentra Miguel Ángel Montero, a quien introdujo como asesor externo de la entidad, su secretaria Teresa Arellano y su "hombre de confianza" José Manuel Fernández Norniella, entonces vicepresidente y consejero de Bankia, habrían constituido un "auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como 'núcleo duro' a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo de Rato Figaredo", según el escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Las dos empresas adjudicatarias que habrían pagado las comisioines, Publicis y Zenith, pertenecían al grupo Multi Market Servicis Spain Holdings SL y a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento SL. El propietario de dichas sociedades era Alberto Portuondo Coll, quien formaba parte del equipo introducido por Rato a su llegada a Caja Madrid en enero de 2010 y que, además, "tuvo participación activa en el proceso de selección de aquellas sociedades en los 'concursos' de publicidad que Caja Madrid-Bankia llevó a cabo para la difusión particularmente de la marca Bankia y de la salida a bolsa de la entidad y del que, finalmente, fueron adjudicatarias las empresas Publicith y Zenith", según el escrito de la Fiscalía.
Los colaboradores
Portuondo Coll mantenía negocios desde 2008 con Miguel Ángel Montero Quevedo, quien había administrado desde hacía décadas sociedades familiares vinculadas a Rato y que fue introducido como asesor externo de Caja Madrid a principios de 2010 coincidiendo con su presidencia, según la Fiscalía.
Como a él, según el Ministerio Público, Rato colocó en la entidad a sus personas de mayor confianza "con el fin del logro de comisiones" como a Teresa Arellano, su secretaria personal "a la que dio altas funciones ejecutivas dentro de la entidad financiera" y a su hombre de confianza José Manuel Fernández Norniella, "a quien nombró vicepresidente y consejero".
Igualmente y a los efectos del control absoluto por Rodrigo de Rato de todo lo relacionado con la publicidad y la comunicación en Caja Madrid-Bankia se colocaron en su círculo otras personas traídas por Fernández Norniella y Portuondo, como los también investigados Miguel Robledo Gómez, responsable de comunicación externa en Caja Madrid-Bankia y Beatriz Colomer García, colaboradora y mano derecho de Portuondo y también en el área de comunicación y marca, según el Ministerio Fiscal.
Para conseguir el cobro de dichas comisiones, Rato y su entorno habrían simulado dos contratos publicitarios bajo los que se habrían enmascarado las comisiones. Según la Fiscalía, "las comisiones que Albisa abonó a Kradonara se enmascararon como una prestación de servicios firmándose un contrato el 3 de junio de 2011 entre Portuondo, en nombre de la primera, y Domingo Plazas Ruiz en nombre de la segunda.
El Ministerio Público incide en que el administrador de Kradonara, la sociedad de Rato, era Servitax SL, empresa de servicios perteneciente al bufete Plaza Abogados SL, controlada por Domingo Plazas, desde 2006 asesor y gestor de Rodrigo Rato.