Cifuentes irrumpe en el 'caso máster' para pedir que toda la investigación pase al Supremo

La defensa de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid hasta el pasado 25 de abril, cuando dimitió, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que plantea la "falta de competencia" de este órgano para investigar los másteres expedidos por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cifuentes, que está citada a declarar como investigada el próximo martes bajo los cargos de falsedad documental y cohecho impropio, advierte a la jueza Carmen Rodríguez-Medel del "riesgo cierto de nulidad de pleno derecho" de la instrucción si continúa practicando diligencias con una supuesta "falta de competencia objetiva o funcionar" que, según su defensa, derivaría del hecho de que "se prevé la imputación" (sic) del diputado del PP Pablo Casado, aforado ante el Tribunal Supremo. Sería este órgano, a su parecer, el que debería asumir toda la causa.

Pese a que la instructora ha acordado nuevas pesquisas respecto a Casado para aclarar si la normativa le obligaba o no a realizar un trabajo de fin de máster (no ha elevado, por tanto, ninguna exposición razonada al Tribunal Supremo) y pese al criterio restrictivo de la Sala Penal sobre la incorporación de investigados no aforados a las causas contra aforados, la defensa de la expresidenta de Madrid considera que "es preciso analizar la conveniencia y la legalidad de un enjuiciamiento separado de los distintos hechos que son objeto de investigación".

El escrito recuerda que Rodríguez-Medel decidió abrir varias piezas separada, "de lo que se desprendería la consideración de una actividad delictiva continuada". Dos de esas piezas afectan al diputado y dirigente del PP.

"Al aforado [Pablo Casado] se le relaciona con una participación que no es escindible de las conductas atribuidas a los docentes, ni la de estos puede aislarse de la que se le imputa a Cristina Cifuentes", por lo que la "jurisdicción especial" (sic) "deberá arrastrar a todos los investigados", afirma.

Según la defensa de Cifuentes, la petición de la instructora al Congreso para que acredite la condición de diputado nacional de Casado "hace vislumbrar razonablemente la remisión de la causa al Tribunal Supremo", órgano al que propone que pase toda la causa "para no romper su continencia y para evitar pronunciamientos contradictorios que pudieran llegar a darse: unos emanados de la jurisdicción ordinaria para los imputados comunes y otros de la jurisdicción del Tribunal Supremo para los investigados aforados".

Ello también sería aconsejable, añade, "para la mejor valoración de todos los elementos circunstantes (sic) y una mayor agilidad en la investigación global" y "para respetar la realidad jurídica, ya apreciada por el Juzgado, de la continuidad delictiva".