Un alcalde y el dueño de Pescaderías Coruñesas, imputados por celebrar bodas en suelo protegido

El alcalde de Villaviciosa de Odón (Madrid), José Jover Sanz, cinco de sus concejales y Diego García Azpiroz, el consejero delegado de Pescaderías Coruñesas, la mayor empresa de venta de pescado española, están siendo investigados en un juzgado de Móstoles por las presuntas irregularidades en la utilización de la finca El Monje como lugar de celebración de bodas a pesar de que el espacio está construido sobre un suelo no urbanizable y protegido, puesto que forma parte del Parque Regional de Guadarrama, según ha podido saber el diario EL ESPAÑOL.

Además, la finca propiedad de la empresa leonesa tampoco cuenta con la licencia municipal adecuada para la celebración de bodas, la utilidad que se le está dando al espacio, según investiga también la jueza Gemma Dolores Solé, titular del juzgado de instrucción número 3 de Móstoles.

La finca, situada entre los municipios madrileños de Boadilla y Brunete, es parte del extenso patrimonio de la empresa familiar fundada por Evaristo Díaz (84 años), nieto de pescadores y arrieros natural de Combarros (León), que consiguió extender su compañía hasta convertirla en el referente de su sector en España. Tras su jubilación, dejó el mando de la empresa en manos de su hijo Norberto, que falleció el año pasado y desde entonces su segundo hijo ahora imputado, Diego, dirige la empresa que factura más de 3 millones de euros anuales. Son los propietarios de los prestigiosos restaurantes O'Pazo, El Pescador y Filandón, además de la empresa de catering Albada, que precisamente ofrecía los servicios para bodas y eventos en la finca investigada. Hace pocas semanas también se conoció que se hicieron con el teatro Reina Victoria del centro de Madrid por cerca de 9,4 millones, como publicó este diario.

La empresa Pescaderías Coruñesas y su consejero delegado, Diego García Azpiroz, así como el alcalde del Partido Popular de la ciudad madrileña, José Jover Sanz, están siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad y falsedad documenal. Cinco concejales del municipio también están imputados por los tres últimos delitos. El primer edil tendrá que declarar el próximo viernes como investigado y el secretario general de dicho ayuntamiento como testigo el mismo día. La jueza ha citado al resto de testigos para el próximo 10 de septiembre.

Caso omiso a sanciones

Con motivo de una denuncia de la Policía Local, la empresa recibió una sanción administrativa por la celebración de eventos sin licencia de actividad. En dicha sanción, según la denuncia inicial presentada por un concejal del partido político Vox de dicho municipio a partir de la que se inició la investigación también de la Fiscalía, se incluían informes técnicos municipales a los que ha tenido acceso el alcalde del municipio. A pesar de ello, siguió dando directrices, según la denuncia de Vox, para que los concejales fueran a celebrar bodas en dicha finca incluso después del expediente sancionador. Además, los únicos lugares donde se pueden llevar a cabo la celebración de matrimonios civiles en Villaviciosa de Odón son el salón de plenos del Ayuntamieto y la Casa Palacio Manuel Godoy en unos horarios concretos, según la denuncia de Vox.

Sin embargo, existen pruebas de que "los concejales han ido a celebrarlas a la finca El Monje o La Albada de Pesacaderías Coruñesas y allí han ayudado a colocar sillas y otros menesteres". Por eso, los denunciantes "tienen dudas razonables de que presuntamente se pueden estar falseando actas matrimoniales para fingir que todas se celebran en los dos lugares autorizados". 

Para más inri, la empresa pidió una licencia de obra menor para hacer un cerramiento parcial de la finca que se debería haber hecho con malla cinegética según la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y la Fauna y la Flora Silvestre y lo hizo con un muro de obra. La Asociación Hotelera de Madrid también registro en 2015 un escrito en el ayuntamiento donde advertía de las posibles irregularidades cometidas en la finca y donde solicitaba que se le informara de las medidas oportunas para comprobar dicha situación.