El juez Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que comunica a los directores de los centros penitenciarios de Soto del Real y de Alcalá de Henares que “no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación”.
De esta forma, el magistrado responde a los escritos presentados por Instituciones Penitenciarias en los que le preguntaban sobre la existencia o no de algún tipo de inconveniente para proceder al traslado de los presos preventivos Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, tal y como habían solicitado estos procesados por razones de vinculación familiar ante la Administración penitenciaria.
La providencia ha sido notificada por fax a los centros penitenciarios de Soto del Real y de Alcalá de Henares donde están ingresados en prisión provisional los cuatro procesados.
Interior inicia trámites para trasladar a los políticos catalanes presos
El Gobierno tiene decidido trasladar a prisiones de Cataluña a los políticos catalanes procesados por declarar la independencia de Cataluña al margen de las vías constitucionales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado esta decisión esgrimiendo razones de proximidad a las familias y a los letrados, lo que facilita la defensa y permite un mejor acceso para preparar el juicio, que se prevé para el otoño.
Pero detrás de estas razones subyace una situación de mucha mayor trascendencia. Una vez celebrado el juicio oral y en el supuesto de que fueran condenados a penas de prisión superiores a dos años de cárcel, el hecho de que los ahora procesados estuvieran en cárceles catalanas significaría que su clasificación penitenciaria, su progresión de grado y la concesión de permisos estarían en manos de la propia Generalitat de Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas competencias en materia penitenciaria.
La pregunta al juez Llarena sobre las diligencias de instrucción pendientes se interpretó como el primer paso para iniciar los trámites del traslado a Cataluña de los presos, actualmente preventivos (y, por tanto, aún sin clasificación penitenciaria). Varios de ellos lo pidieron hace meses sin obtener una contestación favorable del Gobierno del PP. Ahora, con un Gobierno socialista que ha llegado a La Moncloa gracias, entre otros, a los votos de los diputados del PdCat, la situación está en trance de cambiar.
Fuentes del Ministerio del Interior señalan que la pregunta al Supremo es un "protocolo ordinario" que da paso a un trámite que conlleva "unos días" hasta que, finalmente, se procede al traslado bajo custodia de la Guardia Civil.
Se trata, explican desde Interior, del mismo protocolo que se sigue con cualquier preso catalán con arraigo en esta comunidad autónoma.
Esas fuentes indicaron que el trámite se inicia con la notificación remitida al juez instructor preguntando si existe algún impedimento de carácter procesal que desaconseje el traslado. Los nueve políticos catalanes en situación de prisión provisional tienen que solicitar este traslado y, una vez que hay constancia de que no hay impedimento, la junta de tratamiento de cada una de las tres cárceles madrileñas (Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco) e Instituciones Penitenciarias tienen que elaborar un informe sobre la situación familiar y su vinculación con Cataluña.
Es una vez cumplimentado este informe cuando se informa a la Administración catalana, que es la encargada de elegir el centro penitenciario en el que ingresarán los políticos procesados por delitos de rebelión y malversación, que acaba de ratificar la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo.