Miembros del Ministerio Fiscal que trabajan en los procesos judiciales iniciados tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña advierten al Gobierno de que es un "error" trasladar "ahora" a los políticos catalanes encausados a cárceles de Cataluña. "Se podría entender que, si fueran condenados, cumplieran la pena allí. Pero no trasladarlos ahora, a pocos meses del juicio en el Tribunal Supremo", afirman.

Los fiscales consultados creen que el movimiento independentista va a aprovechar la presencia de los procesados en las cárceles de Cataluña para intensificar sus exhibiciones de apoyo a quienes son considerados "víctimas del sistema represivo del Estado español".

También pronostican que las competencias penitenciarias que la Generalitat de Cataluña ejerce (es la única comunidad autónoma que las tiene transferidas) serán puestas al servicio de los políticos presos para favorecer en todo lo posible la difusión de sus mensajes contra las causas penales abiertas y para descalificar al sistema judicial y a los magistrados.

Advierten, además, de que la previsible intensificación de la movilización independentista se va a producir en la fase del procedimiento previa al juicio oral, con lo que ello comporta de presión a los jueces y fiscales encargados de intervenir en él. "Esperemos que este Gobierno tenga más recursos y más iniciativa que el anterior para contrarrestar toda esa propaganda", señalan.

"Va a haber pollos permanentes, dentro y fuera de las cárceles", anticipan estos fiscales, que recuerdan que "los presos son para el entorno independentista un aparato de propaganda muy importante" y "no van a desaprovechar que los procesados se encuentren en Cataluña, teniendo además en sus manos la Administración penitenciaria".

Sanciones

Durante los pasados meses, algunos encausados han sido sancionados por realizar conductas que se han considerado contrarias a las normas penitenciarias. Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana y en prisión desde el 16 de octubre, fue sorprendido un mes después camuflando cartas entre sus enseres personales, vulnerando con ello el conducto reglamentario para la salida o entrada de correspondencia.

Sànchez también fue sancionado al detectarse que en el interior de algunas de las misivas que recibía había sellos de correos para que él los utilizara. Los sellos, como las tarjetas telefónicas, sólo pueden ser adquiridos en el economato de los centros penitenciarios para evitar que se trafique con ellos por parte de los presos. Es por ello por lo que está prohibida su entrada desde el exterior.

Una tercera sanción recayó sobre el expresidente de ANC  por utilizar las comunicaciones telefónicas a las que tiene derecho para difundir mensajes políticos que se emitieron en un mitin de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas de diciembre, a las que Sànchez concurrió como candidato.

Los responsables de la prisión de Estremera sancionaron por una conducta similar a Oriol Junqueras, que usó sus comunicaciones telefónicas personales para conceder una entrevista a la emisora RAC1.

El traslado a las cárceles catalanas puede conllevar una suavización de esta disciplina, de modo que los encausados podrían tener una mayor facilidad para la difusión de sus mensajes, consideran las fuentes consultadas.