El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procedimiento penal abierto tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña, ha acordado requerir al expresidente catalán Carles a Puigdemont y a sus 13 exconsejeros para que de forma solidaria y en el término de dos días presten la fianza de responsabilidad civil que fijó el magistrado por importe de 2.135.948 euros.
Se trata de la cantidad presuntamente malversada de acuerdo con el auto de procesamiento dictado el pasado 21 de marzo y que la Sala de Apelación ha confirmado esta semana. En esa resolución, Llarena especificaba los fondos ilícitamente destinados al referéndum del 1-O.
El requerimiento afecta, además de a Puigdemont, a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serrat.
El juez les apercibe de que en caso de que no lo presten esa fianza en el plazo concedido, se procederá al embargo de los bienes de dichos procesados para cubrir las cantidades reclamadas.