El Gobierno de Sánchez prepara su primer recurso al Constitucional por la moción del Parlament sobre el 9N

El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada el jueves en el Parlamento catalán en la que se reafirman "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015, que expresa la voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña.

Según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo tiene la intención de impugnar esa moción y, para ello, ha pedido el preceptivo informe al Consejo de Estado.

Una vez que tengan dicho informe se presentará la impugnación, que será el primer recurso del Gobierno socialista, tres días antes de la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra.

Pese al dictamen contrario de los letrados del Parlamento catalán, que recomendaron que la moción “no se tramite”, los diputados autonómicos de JpC, ERC y la CUP aprobaron la resolución, en la que la Cámara catalana “ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones previstas y aprobadas para lograr y culminar democráticamente la independencia de Cataluña” y reitera los “objetivos políticos que contiene la resolución 1/XI”.

Esta última, aprobada el 9 de noviembre de 2015, sirvió para que el Parlament diera por iniciado el “proceso de creación de un Estsd9 catalán independiente en forma de republica” y fue anulada en un fallo unánime del Tribunal Constitucional.

El TC rechazó que esa resolución careciera de efectos legales, argumento con el que el Parlamento catalán se opuso a la impugnación que en aquel momento presentó el Gobierno de Rajoy.

Fue la sentencia más rápida de la historia del Tribunal Constitucional. En ella, afirmó que la resolución catalana de noviembre de 2015 “desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía”.

El claro pronunciamiento del TC ‘arrastra‘ la más que probable inconstitucionalidad de la moción aprobada el pasado jueves en el Parlament, que reproduce los términos de la resolución anulada en 2015.