Lesmes pide al Gobierno que defienda a Llarena en Bélgica por la demanda de Puigdemont

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dirigido este martes una carta a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores solicitándoles que lleven a cabo “las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado” y del magistrado Pablo Llarena ante la demanda presentada contra éste en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comin y Lluis Puig, procesados por su intervención en la declaración unilateral de Cataluña y prófugos de la Justicia.

El Consejo General del Poder Judicial ha informado de que Lesmes ha hablado por teléfono con Dolores Delgado y Josep Borrell en relación con el emplazamiento realizado por un juez belga a Llarena para que comparezca en Bruselas el próximo 4 de septiembre en relación con una demanda de responsabilidad extracontractual en la que los procesados reclaman al juez un euro por los supuestos daños que les ha causado el proceso judicial que tramita el Tribunal Supremo.

Lesmes ha remitido a los miembros del Gobierno la respuesta dada al tribunal belga por el juez decano de Madrid, que se negó a efectuar el emplazamiento dirigido a Llarena al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007, ya que “la demanda no es civil, pese a la apariencia con la que pretende presentarse, sino que pretende cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales”.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ también ha enviado al Gobierno un informe realizado por el gabinete técnico del TS y en el que se realiza un análisis jurídico de la situación planteada ante los tribunales belgas. El dictamen también concluye que la demanda de Puigdemont “se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa”.

“Ante esta situación", señala la misiva de Lesmes a los ministros de Justicia y Exteriores, "le pongo de manifiesto que, más allá de la necesidad
de actuación para dispensar la debida protección de los servidores públicos que se ven perturbados en el ejercicio de su función, el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”.

Lesmes finaliza señalando que, en estas circunstancias, estima “absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica, toda vez que, aun cuando consta el rechazo del emplazamiento, las decisiones que puedan llegar a adoptar los tribunales belgas son una incógnita”.

Por ello, solicita al ministro de Asuntos Exteriores español que, “conforme la práctica procesal belga”, requiera al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica “para que Bélgica comparezca ante el tribunal belga, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado”.