El exduque de Palma Iñaki Urdangarin ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Nóos que le condena a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales, han informado fuentes jurídicas.

En su escrito, Urdangarin asegura que el fallo carece de "base material lógica", tiene contradicciones y conclusiones predeterminadas, así como falta de motivación material, por lo que pide al Alto Tribunal que la deje sin efecto.

La defensa del exduque pide que el Supremo haga un pronunciamiento absolutorio contra su cliente, que ya está cumpliendo su pena de cárcel en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, desde el 18 de junio, y que estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El incidente de nulidad razona que existe una falta de prueba: "Cuando la falta de motivación aparece como expresión de la falta de prueba será materialmente insubsanable", y que se han vulnerado derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

Argumentan que la supuesta influencia que ejerció Urdangarin en las actividades del Instituto Nóos no queda "explicitada, aclarada o justificada" en la sentencia, y que no comprenden qué actos concretos se le reprochan o los motivos de la condena por malversación.

Fuentes jurídicas consultadas han explicado que el incidente de nulidad es un trámite previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que antes de presentarlo se tienen que agotar todas las vías en el Supremo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) rebajó en cinco meses, hasta los cinco años y diez meses, la condena inicial por el caso Nóos para el marido de la Infanta Cristina, que había sido penado con seis años y tres meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por varios delitos relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro, y de este modo se rechazó el incremento de pena hasta los diez años de cárcel que solicitó la Fiscalía.