Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación y retira la euroorden contra él

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont únicamente por malversación, como decidió el tribunal de Schleswig-Holstein que debía decidir su entrega. El instructor del procés ha retirado la euroorden contra él y también las órdenes europeas o internacionales contra los exconsejeros Toni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira.

Así, tanto el expresidente catalán que impulsó el desafío soberanista como quienes siguieron sus pasos y huyeron de la Justicia, tienen ahora libertad absoluta para moverse por toda Europa salvo por España. Si vuelven aquí ingresarían inmediatamente en prisión, pues las órdenes nacionales de detención sí continúan vigentes. 

En el auto en el que rechaza la entrega, el juez de la Sala II del Tribunal Supremo descarta la entrega únicamente por malversación en lugar de por malversación y rebelión, los delitos por los que le ha procesado, y destaca "la falta de compromiso" del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber "quebrantado el orden constitucional español", así como considera que se ha extralimitado en sus funciones. 

Concretamente el juez considera que la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tiene cobertura normativa, sin sujetarse a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni al manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

El pasado jueves, el tribunal de Schleswig-Holstein comunicó al instructor del procés la decisión de entregar a Carles Puigdemont a España únicamente por el delito de malversación.

No irá al TJUE

Llarena rechaza dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la que hasta este viernes se barajaba como la opción más posible, para plantearle una cuestión prejudicial. Es decir, para plantearle las dudas sobre si se ha aplicado de manera efectiva y homogénea el Derecho en la Unión Europea y evitar interpretaciones divergentes.

Se trata de un mecanismo que debe utilizar el país emisor, es decir, Alemania, para plantear sus dudas sobre la decisión a tomar. De ahí que Llarena considere que debería haber sido el tribunal de Schleswig-Holstein quien se dirigiera a Luxemburgo y él no lo hará, pues no tiene ninguna duda sobre la aplicación de la norma europea y cómo aquí Alemania se ha extralimitado, según el contenido de su auto.

Aceptar la entrega del expresidente catalán por malversación habría supuesto una desigualdad respecto a los otros 12 procesados que se sentarán previsiblemente en septiembre en el banquillo también por rebelión, un delito por el que se enfrentarían a una pena de hasta a 25 años de prisión mientras que Puigdemont tendría por delante un juicio con una petición de una pena máxima de 12 años de prisión por malversación.