El tribunal de Schleswig-Holstein comunicó a España su decisión de entregar a Carles Puigdemont a España únicamente por malversación el pasado jueves y han tenido que pasar seis días para que el magistrado Pablo Llarena esté en disposición de dirigirse a la Fiscalía alemana para manifestarle si acepta o no su entrega por dicho delito. 

El viernes recibió el documento oficial con la decisión del tribunal alemán y hasta tres días después el instructor no ha tenido la traducción en su mesa. El Tribunal Supremo cuenta con una traductora de inglés y francés, pero no de alemán. Dicho servicio de traducción está subcontratado a Ofilingua, la empresa que se ocupa de la traducción e interpretación del 60% del trabajo de los tribunales españoles, entre ellos el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Los documentos enviados por el Supremo a la Fiscalía alemana a lo largo de la instrucción y tras la presentación de recursos también han sido trabajo de dicha empresa de traducción y fuentes del sector alertan de que pudieron contener incorrecciones por la falta de profesionalidad de quienes hicieron el trabajo.

Precisamente dicha empresa lleva sin pagar a algunos de sus trabajadores desde el mes de febrero y a otros desde el mes de mayo. Según han denunciado a EL ESPAÑOL personas que trabajan para dicha compañía en la Audiencia Nacional, quienes facturan sus trabajos como freelance, es decir, por folio traducido, cobraron por última vez en enero. En el caso de las personas que están contratadas, llevan sin hacerlo desde mayo. 

Ante sus continuas reclamaciones, los responsables de la adjudicataria les explican que el ministerio de Justicia paga a 90 días y de ahí los retrasos. Sin embargo, algunos llevan ya más de 150 días sin cobrar. Según explican a este diario, cuando han trasladado las quejas a sus pagadores, éstos les han amenazado con "llamar a otros intérpretes" con una "actitud chulesca y prepotente", según denuncian.

Quejas ante el Defensor del Pueblo

Fuentes del gremio de la traducción e interpretación afirman que, aunque la traducción de un documento judicial como el enviado por la justicia Alemania es complicado, se podría haber resuelto con mayor rapidez en caso de haber contado el Supremo con un servicio propio de traductores.

La administración de Justicia cuenta, de hecho, con una plantilla de traductores oficiales por oposición, una treintena en toda España. En el caso de los traductores del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que son contratados en la franja de los titulados de Bachillerato y son mileuristas, en su mayoría tienen titulaciones superiores, como Filología o Derecho, algunos de ellos incluso varias.

Los textos a los que se enfrentan cada día son complicados por su contenido, de ahí que la cualificación que se pide para ejercer dicho trabajo no se corresponde con las exigencias del puesto. El Defensor del Pueblo admitió hace dos años una denuncia de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) con un amplio respaldo del sector profesional y académico en la que ya se quejaban de la ausencia de control por parte de la Administración sobre las empresas subcontratadas para la traducción judicial y policial. Dos compañías, Ofilingua y Seprotec, llevan años quedándose con todas las adjudicaciones de los servicios de traducción de los ministerios de Interior y Justicia.

Según dicha denuncia, la precariedad laboral de los traductores e intérpretes que prestan servicio a estas empresas ha provocado que muchos de ellos no cuenten con la cualificación necesaria para desempeñar sus funciones e incluso ha permitido que personas con antecedentes penales ejerzan estas labores.

Una falta de profesionalización que "pone en serio riesgo el acceso a la justicia por parte de las víctimas y atenta contra los derechos de defensa y de traducción e interpretación de los encausados, vulnerando así el derecho a un juicio justo", manifestaba dicha denuncia. A pesar de que el Ministerio de Justicia se comprometió a crear un registro de traductores, aún no se ha hecho.