La decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de no aceptar la entrega de Carles Puigdemont por parte del tribunal alemán de Schleswig-Holstein para ser juzgado únicamente por el delito de malversación, condena al expresidente catalán a convertirse en un líder errante.
Ahora Puigdemont puede moverse libremente por todo el mundo, pero si pone un pie en España será automáticamente detenido e ingresará en prisión, puesto que la orden de detención nacional continúa vigente contra él. Así, la decisión del juez Llarena lleva a Puigdemont, en cierto modo, al destierro, a no pisar España y por ende Cataluña si no quiere entrar en la cárcel. El delito de rebelión por el que ha sido procesado no prescribe hasta dentro de 20 años, pues la pena con la que es castigado supera los 15 años de prisión.
En la misma situación quedan también el resto de exconsejeros fugados con él, Toni Comín Lluis Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret a los que Bélgica y Escocia tampoco ha querido entregar y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, que reside en Suiza, según contó ella misma tras fugarse de la Justicia española. Llarena también ha retirado las órdenes internacionales y euroordenes de detención contra ellos.
Alemania extraditará a Carles Puigdemont sólo por malversación
Falta de compromiso del Tribunal alemán
El juez del Supremo destaca en su auto de este jueves "la falta de compromiso" del tribunal de Schleswig-Holstein con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español y considera que se ha extralimitado en sus funciones.
Llarena incide en que dicho tribunal "ha modificado algunos extremos del relato fáctico remitido por este instructor en la orden de detención y lo ha hecho sin conocer las fuentes de prueba recogidas con ocasión de la investigación" así como "llega a valorar, a efectos de fondo, la declaración del encausado".
En el auto redactado por Llarena este jueves se habla de "desconfianza" y sostiene que la decisión de la Justicia alemana ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tiene cobertura normativa, sin sujetarse a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que considera debería haberse dirigido para resolver las dudas sobre la aplicación de una justicia homogénea en Europa.
La visión independentista
Los sectores independentistas han celebrado la decisión del juez del Supremo como un éxito. Lo han interpretado como un varapalo de la Justicia alemana y europea contra Llarena y como un triunfo de los abogados de los actores del procés fugados.
La consejera Clara Ponsatí, sin ir más lejos, publicaba en las redes sociales una fotografía con su abogado, Aamer Anwar, haciendo el gesto de mandar callar a alguien con el dedo en la boca.
Por su parte, el presidente catalán Quim Torra también ha dicho que "la Justicia española no tiene credibilidad ante toda Europa". Sin embargo, tras la escenificación de júbilo del independentismo también hay un plan que ha sido truncado. Los incondicionales de Puigdemont insistían en que si el expresidente volvía a España, aunque fuera para ingresar en prisión por un delito de malversación, se esforzarían por volver a investirle y recuperar la senda del independentismo que él impulsó. Una opción que ahora se hace imposible si Puigdemont continúa en el extranjero.