La jueza dice que Pablo Casado "cooperó" en el "regalo" ilegal de su máster

Cuatro meses después de tenerlo en el punto de mira, la jueza de instrucción de Madrid Carmen Rodríguez-Medel ha imputado al nuevo líder del PP, Pablo Casado, delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa que no sólo le podrían costar la carrera política sino también inhabilitarle para cualquier cargo público por un tiempo de hasta cinco años.

La exposición razonada que la instructora ha elevado este lunes al Tribunal Supremo, conocida por EL ESPAÑOL, afirma que existen indicios de que el presidente del PP usó el título de máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos "a sabiendas" de la injusticia de su concesión porque "no obedecía a mérito académico alguno".

Según la magistrada, Casado fue "cooperador necesario" de la presunta prevaricación cometida por el director del máster, Enrique Álvarez-Conde, y los profesores que intervinieron en la calificación de las cuatro únicas asignaturas que cursó, ya que el resto le fueron convalidadas.

La investigación ha puesto de manifiesto que Álvarez-Conde utilizó durante años el máster que dirigía "como regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación sin mérito académico alguno". "Esto ocurría al tiempo que otros alumnos cursaban el máster oficial con normalidad", asistiendo a clases -de obligado carácter presencial, según la jueza- y presentando los trabajos requeridos por la regulación del título. 

"La manera de otorgar el título de master al grupo escogido de alumnos se basaba en
calificarles sin trabajo ni actividad académica alguna de las cuatro asignaturas (total
20 créditos) que les restaba tras serle reconocidos los otros 40", añade la exposición.

Los alumnos favorecidos por este sistema, entre ellos Casado, tenían una característica común: "su especial relación personal o profesional con Álvarez-Conde o su especial relevancia política".

Cooperador necesario

La exposición al Supremo argumenta que el líder del PP colaboró necesariamente en la obtención de un máster que le fue "regalado" en atención a los cargos que en aquel momento (2009) ostentaba: diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Se matriculó del máster, pagó las tasas, solicitó el reconocimiento de créditos y aceptó el título, que aparece en su curriculum vitae, actos todos ellos sin los cuales el presunto delito de prevaricación no habría sido posible.

Rodríguez-Medel considera "legítimo" el reconocimiento a Casado de los 40 créditos obtenidos mediante convalidación de sus estudios de licenciado en Derecho por más que considera que hubo un "concierto" con los responsables del máster para solicitar esa convalidación, permitida por la normativa académica.

La actuación delitiva estaría, según la instructora, en la posterior "calificación arbitraria" de las otras cuatro asignaturas, en las que Casado obtuvo sistemáticamente sobresalientes existiendo indicios de que no se cumplió las exigencias del máster y sin que se haya corroborado que el líder del PP -que ha admitido que ni asistió a una sola clase- hiciera los trabajos requeridos.

La instructora sostiene que, debido al aforamiento de Casado por ser diputado en el Congreso, ella no puede realizar diligencias de investigación que considera "imprescindibles": tomarle declaración como investigado, que aporte "cuanta documentación conserve del máster" para corroborar si llevó a cabo los trabajos y que estos fueron "efectivamente elaborados en el curso 2008-2009" y que entregue el ordenador portátil que, según las declaraciones públicas del propio Casado, utilizó en la época del máster y que dice conservar.