El magistrado instructor de la causa por rebelión en la que está procesado Carles Puigdemont, Pablo Llarena, ha pedido por primera vez amparo al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.

No lo ha hecho por los ataques de los que viene siendo objeto en Cataluña por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República, sino por la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española.

Puigdemont afirma que la instrucción de Llarena "vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia", y ha demandado al magistrado en Bélgica al entender que la Justicia de este país es competente por ser el lugar en el que reside.

La primera sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas acordó citar para el próximo 4 de septiembre a Llarena, que no tiene la obligación de acudir personalmente y que, además, tampoco ha sido notificado de la demanda: el exjuez decano de Madrid, Antonio Viejo, a través del cual se canalizó la citación, devolvió el exhorto al juez belga sin cumplimentar.

Viejo consideró que la demanda carece de contenido civil real y afecta a "la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad ('acta iure imperii' o actos de soberanía estatal)". Éste es uno de los supuestos en los que, de acuerdo con la normativa europea, un país miembro de la UE no tiene obligación de notificar y trasladar documentos judiciales en materia civil.

'Examinado' por juez belga

En el escrito dirigido por Llarena al CGPJ, conocido por EL ESPAÑOL, el juez explica que, según las noticias periodísticas, en la demanda interpuesta contra él el pasado junio "se cuestionaría la imparcialidad de mi instrucción, pretendiendo que sea un tribunal belga el que examine la corrección de mi labor".

"Según parece", añade, "de ello pretendería derivarse una condena para que se declare la lesión del derecho al honor de los demandantes, con las consecuencias económicas derivadas de esa declaración: un euro por cada uno de los demandantes, más las costas del proceso".

Llarena considera que la conclusión del juez decano de Madrid al negarse a notificar la acción civil de Puigdemont "condensa y evidencia el carácter groseramente fraudulento de la demanda, que no tendría más fin que sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española (que es la jurisdicción de la propia Justicia española) y hacerlo defraudando los instrumentos de los que el ordenamiento jurídico español se dota para asegurar la independencia de mi función: el aforamiento ante el Tribunal Supremo y la prohibición contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de que puedan dirigirse demandas directas contra jueces y magistrados por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su función".

Asegurar la independencia

Llarena se refiere al hecho de que los jueces del Supremo están aforados ante el alto tribunal en cuanto a la exigencia de responsabilidad civil y penal. También alude a que la ley impide que los ciudadanos demanden directamente a un juez por los daños causados en el ejercicio de su función.

Se trata, señala, de "una garantía común en nuestro entorno de Derecho comparado para asegurar la independencia de los jueces por la vía de asegurar su integridad patrimonial, que puede verse gravemente condicionada por ataques dirigidos por quienes tienen la capacidad económica para forzar a los jueces a invertir y poner en riesgo su patrimonio teniendo que sufragar los costes de su defensa para desempeñar una función que no se lleva a cabo en interés propio o personal, sino en defensa de los intereses generales".

Por todo ello, y también por el "riesgo" que esa demanda supone "para la integridad de la jurisdicción española", la reclamación de los procesados en Bélgica "supondría un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrollo mi labor", estima Llarena.

El juez pide al órgano de gobierno del Poder Judicial que tome las medidas que considere necesarias "para restaurar la independencia judicial dañada y la integridad de la jurisdicción.

La Comisión Permanente del Consejo tiene previsto analizar el escrito de Pablo Llarena el próximo jueves.