La última decisión del Gobierno de Quim Torra de iniciar expedientes sancionadores contra 14 personas por retirar lazos amarillos de la vía pública ha levantado un gran debate mediático, jurídico y político.
La Consejería de Interior catalana les considera presuntos responsables de "daños al dominio público", una infracción recogida en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana ('ley mordaza'). Pero, basándose en dicho texto, quienes han retirado dichos símbolos independentistas de las calles tan sólo podrían haber incurrido en una falta en el caso de que hubieran provocado "daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública", según reza la mencionada Ley.
El perseguidor, perseguido
El Gobierno de Torra, en un anuncio sin precedentes que ha hecho saltar todas las alarmas, ha reaccionado a la creciente retirada de lazos independentistas de las calles por parte de civiles con el anuncio de medidas contra ellos, intentando dar así la vuelta a la tortilla del debate sobre la ocupación del espacio público con símbolos que no representan a todos.
Un hombre retira lazos amarillos en Barcelona.
Pero los juristas alertan: "Quienes podrían estar saltándose la ley son aquellas Administraciones Públicas que se muestran a favor de una opción política y en contra de otra, saltándose la necesaria neutralidad de las instituciones y la libertad ideológica recogidas en nuestra Constitución", explica José Domingo, presidente de de Impulso Ciudadano, quien también aclara que las multas anunciadas por parte del Govern podrían suponer un delito de prevaricación al perseguir injustamente dichas acciones.
Precisamente en mayo de este año el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche, instaba a los Mossos durante el discurso de su toma de posesión a cumplir con su obligación y retirar los lazos "para evitar situaciones de confrontación en la calle" puesto que se trataba de expresiones "incompatibles con la pacífica convivencia que pide una sociedad democrática".
Incluso existe una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirma que la exhibición de símbolos partidistas en espacios públicos va contra la ley. En dicha sentencia se desestimaba un recurso de apelación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés contra la sentencia que le condenaba a retirar una bandera estelada instalada por la Corporación local en un espacio público a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana.
Según dicha sentencia, "la actividad impugnada supone la privatización del espacio de uso común mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista".
Contra lo que considera un continuo atropello de los derechos civiles de los catalanes, la entidad Impulso Ciudadano ha iniciado una campaña para presentar requerimientos contra los ayuntamientos que han forrado las paredes de los pueblos de lazos amarillos o han animado a los ciudadanos a que lo hagan, seguidos de denuncias por la vía contenciosa-administrativa si no reaccionan.