El Gobierno de Pedro Sánchez acudirá a una vía legislativa extraordinaria y excepcional -un real decreto-ley- para dar cobertura jurídica a la exhumación del dictador Franco de la basílica del Valle de los Caídos, un gesto político de alto simbolismo que tendrá repercusiones mediáticas dentro y fuera de España.
El Gobierno modificará la Ley de Memoria Histórica para exhumar a Franco
Será el segundo 'decretazo' en menos de un mes después de que el pasado 3 de agosto el Consejo de Ministros diera luz verde al real decreto-ley 9/2018 para introducir cambios en la patria potestad en casos de violencia de género, lo que ha generado alarma entre juristas y jueces.
Para el Gobierno, el decreto-ley presenta indudables ventajas por su rapidez y simplificación de trámites. El Parlamento se debe limitar a convalidar o no la norma en un plazo muy breve (dentro de los 30 días siguientes a su promulgación), sin posibilidad de que los grupos presenten enmiendas totales ni parciales.
Se soslayan también los informes previos de los órganos constitucionales o consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado que hubieran sido necesarios en caso de la tramitación de la norma como proyecto de ley.
Y, sobre todo, se evita la intervención judicial a instancias de la familia Franco, ya que un decreto-ley no puede ser recurrido por particulares. De esta forma, los jueces no podrán bloquear el comienzo del proceso de exhumación de quien fue jefe del Estado durante casi 40 años.
Medidas cautelares
Fuentes del Gobierno explican que, en caso de haber optado por un acuerdo del Consejo de Ministros o por una orden ministerial, sería altamente probable que la jurisdicción contencioso-administrativa tuviera en cuenta la oposición de la familia al cambio del lugar de enterramiento de Franco para adoptar medidas cautelares o cautelarísimas que hubieran bloqueado el comienzo mismo del proceso de exhumación.
Las mismas fuentes señalaron que la intervención judicial será "previsiblemente inevitable" más adelante, cuando se lleve a ejecución el real decreto-ley, entre otros motivos porque se prevé dar intervención a la familia del dictador. Pero el Gobierno quiere evitar a toda costa que los jueces tengan la posibilidad de paralizar de inicio la actuación gubernamental.
Lo ocurrido con la exhumación del general José Sanjurjo ha pesado en la decisión sobre el instrumento jurídico escogido. Tras llegar a un acuerdo con el Arzobispado y pese a la oposición de la familia, el Ayuntamiento de Pamplona acordó desalojar los restos del militar que descansaban en la cripta del Monumento a los Caídos.
El precedente de Sanjurjo
Carlota Sanjurjo, hija del general, recurrió la decisión municipal el 11 de noviembre de 2016 y tres días después el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona suspendió cautelarmente la ejecución del acuerdo del Ayuntamiento.
La suspensión fue levantada el 15 de noviembre de 2016, después de que el Ayuntamiento garantizara que la exhumación se realizaría "en absoluta intimidad", sin permitir el acceso de la prensa ni la obtención de fotos. Cuatro meses después de la exhumación, los restos fueron enterrados en el panteón del Regimiento de Regulares de Melilla en una ceremonia que suscitó polémica porque fue presidida por el comandante general de la ciudad.
El juez, sin embargo, acabó dictando una sentencia estimatoria de la demanda de la familia el pasado 27 de junio y revocó la exhumación de Sanjurjo por falta de competencia del Ayuntamiento para cerrar la cripta. El contencioso continúa porque el Consistorio ha recurrido.
Las fuentes consultadas señalan que una parte de la familia Franco se encuentra en una actitud muy beligerante, por lo que el Gobierno cuenta con la posible judicialización del conflicto. Pero al acudir al decreto-ley los familiares tendrán que esperar para acudir a los tribunales, ya que esa norma sólo puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, 50 senadores o 50 diputados. El Ejecutivo de Sánchez cree que el PP no va a liderar una impugnación que lo situaría en posiciones de extrema derecha.
¿Urgente necesidad?
Juristas consultados por EL ESPAÑOL creen, no obstante, muy dudoso que se cumplan los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" que permiten acudir el real decreto-ley. Argumentan, en este sentido, que después de 42 años enterrado en el Valle de los Caídos "es difícil hablar de urgencia" en la exhumación de Franco. A falta de recurso, la cuestión quedará fuera de examen.
Desde el Gobierno recuerdan que desde 2014 existen recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad para implementar las propuestas de la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos en un informe elaborado en 2011. Por mayoría, este informe planteó llevar a otro lugar los restos de Franco.
También subrayan que el Parlamento aprobó en mayo de 2017 una proposición no de ley presentada por el PSOE para impulsar la aplicación de la ley de memoria histórica. Entre otras medidas se hablaba de "dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco" y su traslado fuera del Valle de los Caídos. "Nosotros tendremos menos tiempo de legislatura que cualquier otro Gobierno para cumplir lo acordado por el Congreso", señalaron.