Diez líneas del documento sobre el futuro del Valle de los Caídos elaborado en 2011 por una comisión de expertos han dado al Gobierno de Pedro Sánchez la justificación argumental a la que se referirá el decreto-ley que dará cobertura jurídica a la exhumación de Francisco Franco: su enterramiento en la basílica es "incongruente", decía el informe, con la finalidad que motivó la construcción del monumento. En palabras del decreto de 1 de abril de 1940, el Valle de los Caídos se levantó para "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada".

Franco no fue uno de ellos. 36 años después de terminada la Guerra Civil fue enterrado en el Valle de los Caídos, convirtiéndose en el único que, sin haber muerto en la contienda, fue inhumado en ese lugar.

"Su presencia en la basílica es, en primer lugar, incongruente con la finalidad original que motivó la construcción del Valle de los Caídos, que no era sino acoger únicamente los restos de fallecidos con ocasión de la Guerra Civil. Su inhumación entre los muertos y las víctimas de la Guerra Civil trastoca el sentido primitivo del memorial", señalaba el informe de los expertos.

Todo listo para el decreto del Gobierno

"Tampoco tiene constancia esta comisión de que éste fuera el propósito del general Franco y de su propia familia", añadía. "Asimismo, la presencia en la basílica de los restos de Franco dificulta el propósito de hacer del conjunto un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, sin ninguna otra connotación ideológica o política".

La comisión recomendó el traslado de los restos del dictador "al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado". Fue el único punto en el que los 12 expertos se dividieron: tres de ellos (Miguel Herrero, consejero de Estado y 'padre' de la Constitución; Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional, y el catedrático de Historia del Derecho Feliciano Barrios) emitieron un voto discrepante en el que sostuvieron que la exhumación de Franco es "impropia en nuestro contexto occidental, donde no se ha dado nada semejante", "contribuiría a dividir y radicalizar a la opinión pública" y obligaría a una difícil "negociación con las autoridades eclesiásticas competentes" para obtener su autorización. El voto particular no menciona en ningún momento a la familia del exjefe del Estado.

El decreto-ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes acogerá el criterio mayoritario de los expertos y llevará a término la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017 instando al Ejecutivo a "dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos".

La reforma

Se trata de una sencilla modificación del artículo 16 de la ley de memoria histórica, que en su redacción actual establece que el lugar "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos", sin que puedan llevarse a cabo "actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo". A esas dos previsiones ya vigentes, el decreto-ley añadirá otra por la cual en el Valle de los Caídos únicamente podrán yacer restos de victimas mortales de la Guerra Civil.

Se articulará, además, una disposición adicional encomendando al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de esa modificación y para la incoación del procedimiento administrativo relativo al traslado de los restos de Francisco Franco.

A lo largo de ese procedimiento -que, a diferencia del decreto-ley, sí puede ser impugnado ante los tribunales de lo contencioso-administrativo por la familia- está prevista la audiencia de los descendientes del exjefe del Estado en un primer momento para que manifiesten el lugar en el que desean que Franco sea inhumado.

Si no contestan o lo hacen oponiéndose al traslado, el Gobierno seguirá adelante con los trámites de la exhumación, cuya ejecución corresponderá al Ministerio de Justicia. La Dirección General de Memoria Histórica, de la que es responsable Fernando Martínez, que ha sido coordinador del mapa de fosas de Andalucía, asumirá en esta fase el protagonismo del proceso.

Terminados esos trámites, que incluyen la solicitud de los permisos necesarios para la exhumación y posterior enterramiento de Franco en otro lugar, está prevista una segunda audiencia a los descendientes. El Gobierno decidirá cuál es ese lugar si los familiares de Franco no lo hacen.