La manipulación de las declaraciones del juez Pablo Llarena en la demanda presentada por Carles Puigdemont en Bélgica constituye un "indicio suficiente" para iniciar una investigación por un presunto delito de tentativa de estafa procesal, afirman expertos en Derecho Penal consultados por EL ESPAÑOL.
La demanda contra Llarena altera unas manifestaciones suyas realizadas el pasado febrero en Oviedo, donde acudió a dar una conferencia.
A una pregunta de los periodistas sobre la existencia de "presos políticos", el juez contestó: "Yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos. No es el caso del que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados".
El juez Pablo Llarena no cree que en España haya presos políticos
En la demanda presentada por Puigdemont al juez belga, la transcripción de la parte final de esas declaraciones se refleja así: "peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s'est produit, il faut faire une enquête". Es decir: "Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados".
Parte de la demanda que manipula las declaraciones de Llarena./
La demanda sostiene, sobre la base de esa manipulación de las palabras de Llarena, que el juez ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia de Puigdemont y de los exconsejeros Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Antoni Comin, todos ellos prófugos de la Justicia española.
El delito de estafa procesal, castigado con prisión de uno a seis años y multa, castiga a quienes "en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero".
"Se ha alterado una prueba [las declaraciones de Llarena] que la propia demanda considera esencial y esa alteración es susceptible de engañar al juez", considera el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, que cree "inimaginable" que un elemento "nuclear" de la demanda no fuera comprobado en su traducción a francés para no inducir a error al juez belga.
A su juicio, sería viable una acción penal "contra todos los que aparecen como demandantes y sus letrados". Al margen de cuál fuera su resultado, "hay motivos para investigar", reitera.
La competencia sería de la Audiencia Nacional, al tratarse de delitos cometidos por españoles en el extranjero, añade este experto.
De la misma opinión es Luis Rodríguez Ramos, también catedrático de Derecho Penal. "La demanda falta a la verdad y con esa falsedad se hubiera podido engañar al juez belga", señala.
Rodríguez Ramos considera que, de no haberse puesto en evidencia la manipulación de las declaraciones de Llarena, el juez de Bruselas hubiera podido dictar una resolución gravemente perjudicial para el patrimonio del magistrado del Supremo, ya que no sólo sería condenado a pagar un euro a cada demandante -es la cantidad que se reclama como "daño moral"- sino que también hubiera tenido que hacer frente a los honorarios de los cuatro abogados que les representan: Christophe Marchand, Michèle Hirsh y Paul Bekaert y Gonzalo Boye.