Los cinco vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de la carrera, han pedido este martes a la fiscal general, María José Segarra, que reclame al Ministerio de Justicia la documentación relacionada con su actuación en defensa del juez del Supremo Pablo Llarena frente a la demanda interpuesta contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo en Bélgica.
En el escrito, los consejeros Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, Rosario Lacasa y Rosa Rubio solicitan a Segarra que reclame al Ministerio las informaciones o documentos aptos "para que el Consejo Fiscal tenga completo y cabal conocimiento sobre las actuaciones llevadas a cabo".
La fiscal general tuvo conocimiento previo de la presentación del escrito y dio su visto bueno a la iniciativa, señalaron fuentes de la institución. El asunto será abordado en una próxima reunión del Consejo, indicaron.
Sánchez asegura que la defensa de Llarena es "una cuestión de Estado"
Los vocales electos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, explican que, por lo que ha trascendido, la demanda interpuesta contra Llarena en Bruselas "no tiene otra finalidad que someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho".
Esa situación "requiere del Estado español todas las actuaciones adecuadas para su defensa ante la comunidad internacional, tanto la jurídica como la representada por la opinión pública", consideran los consejeros.
"Ataque a la independencia judicial"
A su juicio, la acción ejercitada en Bélgica, "en cuanto ataca en la persona del instructor español el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Supremo y cuestiona su respeto de los derechos fundamentales de los procesados, supera notoriamente los límites de una demanda estrictamente personal para enmarcarse de una manera clara en un ataque intolerable a la democracia española, a la integridad jurisdiccional y competencia de los tribunales de España y a la independencia judicial, valores del Estado de Derecho cuya defensa compete constitucional y estatutariamente al Ministerio Fiscal".
Los vocales consideran que el Consejo Fiscal "debe estar informado del estado de la cuestión y actuaciones realizadas". Por ello solicitan a Segarra que "reclame del Ministerio de Justicia la citación y demanda presentada en Bélgica, en su versión traducida al español, los dictámenes de la Abogacía del Estado, la resolución final acordando la defensa de España y del magistrado Llarena ante la justicia belga, así como cualesquiera otras informaciones o documentos aptos para que el Consejo Fiscal tenga completo y cabal conocimiento sobre las actuaciones llevadas a cabo para la defensa de la soberanía jurisdiccional española, la independencia de nuestros tribunales, la del magistrado Llarena, así como la extensión de tales actuaciones".