"Es un número uno absoluto para litigios transnacionales", "un litigante duro que también tendrá un punto de vista razonable", dicen sobre Hakim Boularbah las fuentes recogidas por el reconocido directorio legal Chambers en el perfil que publica sobre este abogado belga. Boularbah es el letrado de bufete fichado por el Estado español para defender la inmunidad jurisdiccional española y al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El contrato se ha firmado en la tarde del jueves en la Embajada española en Bruselas. Boularbah tendrá apenas cuatro días para decidir, en coordinación con la Abogacía del Estado, qué estrategia seguir frente a la demanda civil interpuesta contra Llarena por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, prófugos de la Justicia española.

Un tribunal de primera instancia de Bruselas ha señalado para el próximo martes la audiencia ante el juez belga, a la que Llarena no está convocado para asistir personalmente ya que ese primer acto tiene por objeto debatir si la demanda es admisible, si las partes que comparecen están legitimadas (los demandantes actúan en Bélgica alegando que es su lugar de residencia, pero una de ellos, Clara Ponsatí, está fugada en Escocia) y, en su caso, fijar el calendario del proceso.

Es posible también que en la audiencia salga a relucir la llamativa alteración de unas manifestaciones públicas de Llarena en la demanda presentada por los abogados de Puigdemont, manipulación que ha generado dudas sobre la buena fe procesal de los demandantes. Los abogados del expresident catalán encausado por rebelión y malversación de fondos no han explicado cómo se produjo esa tergiversación.

Después de que el Gobierno rectificara la inicial posición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que consideró "privadas" las manifestaciones de Llarena y anunció que no asumiría "en ningún caso la defensa del juez por los actos privados que se le atribuyen", el servicio jurídico del Estado ha trabajado en la elección de un letrado en Bélgica para defender los intereses españoles.

La Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas no prevé la intervención de los abogados del Estado ante tribunales ordinarios de países extranjeros, por lo que en estas situaciones se ficha a un letrado local.

El elegido es Hakim Boularbah, de 45 años, cuyo padre emigró a Bruselas desde el norte de Marruecos en 1971 y cuya madre es de ascendencia valona. Se crió en Schaerbeek, al noreste de Bruselas, en una modesta zona que alberga una gran comunidad de inmigrantes turcos, marroquíes y africanos.

Su madre le recomendó cambiarse "un apellido que suena a árabe" por temor a que tuviera dificultades en el mundo laboral, según un perfil publicado en Le Libre. No le hizo caso y Boularbah, que tiene doble nacionalidad belga-marroquí, se siente orgullo de su origen.

Obtuvo la licenciatura en Derecho en 1996 y se doctoró por la Universidad Libre de Bruselas en 2007. Especialista en Derecho Procesal Civil y en Derecho privado, es profesor de estas materias en la Universidad de Lieja.

Actualmente es socio de uno de los más afamados bufetes belgas, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, donde es responsable del área de litigios y arbitraje.

De acuerdo con el curriculum difundido por el despacho, al que Boularbah se incorporó en 2003, es experto en litigios y arbitrajes civiles y comerciales a nivel nacional, europeo e internacional y tiene una amplia práctica en la ejecución de sentencias extranjeras.

Ha sido asesor del Ministerio de Economía belga y fue designado  por la Comisión Europea como uno de los 15 miembros del grupo de expertos creado para asistir a la Comisión en la mejora de la eficacia de la ejecución de las sentencias en la UE y, en particular, en la mejora del embargo de cuentas bancarias en la Unión Europea.